La Junta deberá pagar seis millones al mes en sueldos a los cargos cesados
El cambio de Gobierno propiciará la salida de 2.002 directivos y diputados que tienen derecho a cobrar su sueldo actual entre tres meses y un año
STELLA BENOT
El cambio del Gobierno en Andalucía tiene también efectos prácticos al margen de la catarsis política que va a suponer la salida de Susana Díaz del Palacio de San Telmo y el abandono del PSOE de un poder en el que lleva 36 años controlando las estructuras de la administración andaluza.
Y una de esas consecuencias del cambio de Gobierno es económica porque la destitución de los altos cargos de la administración tiene un coste añadido que no se había producido hasta ahora, o al menos, no en la misma dimensión. Según la legislación andaluza aprobada en el año 2005, los altos cargos tienen derecho a percibir una compensación económica, denominada cesantía o indemnización, durante un período mínimo de tres meses y máximo de un año. Durante este tiempo podrán cobrar una mensualidad por cada año de ejercicio continuado o fracción igual o superior a seis meses. Según los datos oficiales, 2.002 personas tendrán derecho a percibir estas cesantías, entre las cuales se encuentran los 62 diputados del Parlamento de Andalucía que no han repetido en la Cámara bien porque no han salido elegidos, bien porque sus partidos respectivos han decidido dejarlos fuera de las listas electorales. Calculando como mínimo 3.000 euros brutos al mes de salario —que es el más bajo de cuantos perciben estos altos cargos y corresponde al de los diputados rasos—, la administración deberá pagar 6.006.000 euros al mes en sueldos para personal que ya no trabaja para ella.
Transición
Se trata de una compensación aprobada en el marco de un paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Manuel Chaves denominadas de «impulso democrático» que, en realidad, se ha convertido en un privilegio de la clase política andaluza. No obstante, hay que tener en cuenta que estos altos cargos y diputados no tienen derecho a cobrar el paro y esta fórmula se habilitó como una transición en su regreso al mundo laboral fuera de la administración.
El relevo en los gobiernos andaluces no había sido tan drástico como se prevé ahora. Tras cada proceso electoral, había cambio de consejeros y de algunos altos cargos si bien la mayoría de los mismos se mantenían o bien cambiaban de destino.
Pero ahora el vuelco político hace prever que la situación será completamente distinta. Es más, hay muchos directivos políticos que ya están buscándose un futuro laboral lejos de la vida pública. Los que tienen un puesto en la administración, ya piensan cómo volver a él y el resto mira expectativas de empleo para el futuro.
Porque nada más que tome posesión el nuevo Gobierno andaluz estarán cesados la friolera de 268 altos cargos de la Junta (consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales) amén de otros 1.672 altos directivos que forman parte de empresas e instituciones públicas, órganos consultivos o represen-
Normativa Una ley de 2005 regula este concepto que se creó porque no tienen derecho a cobrar el paro
Detalles El cobro es incompatible con cualquier otro ingreso
tantes de la Junta en diversos órganos, entidades e instituciones.
Todos ellos —como los cargos de libre designación que sean calificados como tales en las normas con rango de ley— deberán solicitar formalmente a la Consejería de Hacienda la percepción de estas censantías, excepto los diputados del Parlamento que tienen que reclamarlo a la Cámara. Si no lo hacen, no pueden cobrar estas cesantías.
La percepción de este dinero es incompatible con cualquiera otra por motivos laborales y no puede legarse a los herederos en caso de fallecimiento. Los altos cargos cesados que siguen siendo diputados en el Parlamento andaluz no tienen derecho a reclamarla porque siguen percibiendo ingresos por su trabajo. Pero hay un dato curioso a tener en cuenta. Si el alto cargo o diputado es funcionario en cualquier administración pública, puede cobrar la cesantía los meses que le correspondan y, después, reclamar su incorporación a su plaza. Es decir, no tiene que incorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo. Y hay más. Al haber hecho carrera en la administración, tendrán consolidados los derechos adquiridos durante su ejercicio como alto cargo, como el nivel salarial o determinadas condiciones laborales.
El acuerdo programático sobre el que se asentará el futuro gobierno de PP y Ciudadanos no hace ninguna mención expresa a la eliminación de las cesantías que cobran los altos cargos de la Junta de Andalucía tras abandonar sus cargos. Sin embargo, sí que se recogen numerosas medidas para la «regeneración democrática» de la comunidad donde se trata de los altos cargos de la administración andaluza.