DESPOLITIZACIÓN DEL AGUA

Esperemos que en el nuevo ciclo político se unan las competencias agrícolas y ambientales

Se inicia un nuevo ciclo político en Andalucía, que el regadío espera esté marcado por la despolitización del agua y la preservación de los criterios técnicos y profesionales en la toma de decisiones. Si en todos los ámbitos de gestión pública, la participación de profesionales capacitados que entienden de los temas sobre los que asumen competencias es un factor crucial de eficacia, en un territorio tan complejo como el de agua el arrinconamiento de los funcionarios de carrera en beneficio de las personas con «méritos» políticos conlleva efectos devastadores sobre la agilidad de los procesos y el acierto de las decisiones adoptadas.

Cuando la competencia se sustituye por ideología, el camino hacia la arbitrariedad en la toma de decisiones y la desprotección jurídica está allanado. En los últimos años, en Andalucía hemos visto, en materia de regadíos, cómo se han utilizado los instrumentos de ayudas de una forma ajena a toda racionalidad. Recientemente, por ejemplo, la Junta de Andalucía introdujo en sus incentivos un criterio de exclusión completamente contrario al interés público y la racionalidad. Se trata de una cláusula que deja fuera de la posibilidad de ayudas a todos los sistemas que funcionan por gravedad o por aspersión, que son paradójicamente donde más ahorro de agua se puede conseguir.

Otra secuela de todo esto ha sido la tediosa lentitud de los procedimientos, que ha llegado a su paroxismo en la tramitación de los expedientes concesionales del litoral. Hasta tal punto de que hay expedientes de Cádiz y Huelva que se llevan tramitando durante más de tres años, habiéndose superado el plazo máximo legal para resolver. A este retraso hay que sumar además las trabas que se están poniendo en el otorgamiento de estas concesiones, impidiendo su buen término y generando una inseguridad jurídica que repercute en las inversiones, y por tanto, en la generación de empleo y riqueza.

Todo ello favorecido además por la separación de las competencias agrícolas y medioambientales, que crea innumerables problemas y quebraderos de cabeza, como el de asuntos que caen en el territorio de nadie e inversamente cuestiones en los que las dos partes quieren meter baza. Por ejemplo, en las ayudas a la modernización, ha sido tónica habitual en los últimos años que la Consejería de Agricultura haya invadido las competencias de Medio Ambiente. Esperemos que el nuevo ciclo político traiga por tanto una unificación de las competencias agrícolas y ambientales, siguiendo los precedentes de la Consejería de Luis Planas o del Ministerio de García Tejerina, donde estas competencias sí estaban unificadas. Además de mayor eficacia y fluidez en la interlocución, la unificación de las competencias agrícolas y ambientales supondría un ahorro importante para la propia administración y los usuarios que la mantenemos con nuestros impuestos.

Finalmente, desde el regadío esperamos que el nuevo gobierno regional realice un esfuerzo de cooperación importante con la administración hidráulica estatal y sus empresas públicas, colaboración que hasta el momento ha brillado por su ausencia, impidiendo el desarrollo de proyectos de modernización más ambiciosos. Si una destacada dirigente política dijo en una ocasión que el dinero público no es de nadie, inversamente hay dirigentes políticos que se creen que las instituciones que dirigen les pertenecen, o son suyas, olvidando que son solo brazos de un tronco común y que responden a un único interés que es el interés general de todos los españoles.

En nuestro país debería ser habitual ver al Estado colaborar con las autonomías y viceversa, y desde luego a las diversas administraciones con sus empresas públicas. Pues bien, por increíble que parezca, esto es lo contrario de lo que sucede. En modernización de regadíos, por ejemplo, si esa colaboración institucional se produjese, se podrían acometer proyectos de modernización mucho más relevantes de los que se están llevando a cabo. En algunas comunidades esto se produce y por ejemplo en Castilla y León hay proyectos coparticipados por el Ministerio —a través de la sociedad estatal SEIASA—, la Comunidad Autónoma y los regantes, Sin embargo, en Andalucía, en materia de regadío, la cooperación institucional con el Estado ha sido hasta ahora una quimera, incluso gobernando el mismo partido ambas instituciones.

En resumen, esperamos que el nuevo ciclo político en Andalucía nos traiga mayor profesionalización y despolitización del agua, mayor colaboración con otras administraciones, y una organización unificada y racional de las competencias agrícolas y ambientales.

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