LA SALUD PÚBLICA, REHÉN POLÍTICO
En términos objetivos, muchos ciudadanos van a pagar con el sacrificio de su salud el coste de un conflicto político
PARA cualquier persona informada era evidente que al regreso de las vacaciones, en las que mucha gente bajó la guardia, la segunda oleada del Covid iba a volver a incrementar la tensión sanitaria y que la media de incubación del virus situaba el punto crítico al cabo de dos semanas. También que, por razones evidentes de población y movilidad urbana, la región de Madrid tenía todas las papeletas para convertirse en la más afectada. Es probable que además la gestión de Díaz Ayuso haya pecado de exceso de confianza o de arrogancia, de insuficiencia en las medidas de control y de escasez de refuerzos en la red de atención primaria, a lo que hay que sumar la ausencia de vigilancia en el aeropuerto de Barajas y el empeño de las autoridades autonómicas por evitar que la economía colapsara con restricciones traumáticas. El caso es que por unas razones u otras, la epidemia ha vuelto a entrar en algunas zonas en fase de transmisión comunitaria sin que el Gobierno de la nación haya movido un dedo por contribuir a evitarla; más bien se ha quedado a la expectativa, refugiado en una ficticia «cogobernanza» que en la práctica significa desentenderse de la amenaza no sólo en Madrid sino en el resto de España. Ahora, ante la gravedad del panorama, cobra sentido la sospecha sobre el silencio absentista de Sánchez en Lanzarote y Doñana: se trataba de una estrategia de socialización de responsabilidades destinada a lograr que la bisoña lideresa del baluarte simbólico de la derecha confiese su impotencia, cautiva y desarmada, e implore de la magnanimidad cesárea del presidente la declaración territorial del estado de alarma.
A tenor de las circunstancias es difícil rechazar, incluso renunciando a todo atisbo de recelo maligno, la hipótesis de que la negativa del Ejecutivo a reformar la legislación para dotar a las autonomías del necesario arsenal jurídico contra la pandemia no responda a un predeterminado designio político. A un plan para justificar
el uso abusivo de las medidas excepcionales y del confinamiento estricto. A un ejercicio exculpatorio con el que devolver a la oposición las consecuencias de su desafío, y a la voluntad de construir un relato propagandístico al coste objetivo de tomar a una parte de la población como rehén ocasional de un conflicto. Porque en el cruce de culpas y reproches hay muchos ciudadanos que se han visto atrapados en un círculo de incompetencias que sólo ellos pagarán con el sacrificio de su salud en el altar maldito del enfrentamiento banderizo.
La pregunta que procede ahora es la de si el país puede soportar otra macabra escalada estadística de muertos, si los juegos de poder justifican este deshonesto envite sobre la vida de los enfermos y el esfuerzo expiatorio de los médicos. Y, sobre todo, si los españoles somos tan sectarios o estamos tan ciegos como para pasar por alto todo esto.