Vista de casación por la inhabilitación Torra reduce su «reiterada» desobediencia a «tres palabras en una pancarta»

Σ Su defensa se aferra ante el Supremo a la falta de competencia de la Junta Electoral y de independencia judicial, y a la persecución a una «minoría nacional» DE VERGÈS A SCHMITT

Por «tres palabras en una pancarta » . Así resumió ayer el abogado del presidente de la Generalitat de Cataluña, Gonzalo Boye, las razones que les habían llevado a comparecer en el Tribunal Supremo para recurrir un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en 2019 le impuso año y medio de inhabilitación por su «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» frente a los mandatos de la Junta Electoral Central ( JEC).

Esas tres palabras eran «Libertad presos políticos» y pendían de la fachada del Palacio de la Generalitat, entre otras instituciones públicas, en plena campaña electoral. La JEC, en hasta dos resoluciones firmes y ejecutivas, ordenó la retirada, llegando incluso a encomendar a los Mossos d’Esquadra que procedieran a quitarlas, porque se estaba vulnerando la preceptiva neutralidad que deben mantener los cargos públicos cuando se avecinan comicios. Pero Quim Torra no obedeció. Ante la prensa, porque consideraba que la orden era «ilegal» y, en lo penal, porque no veía a la JEC legitimada para dar tal mandato contrario, a su parecer, a una supuesta libertad de expresión de las instituciones y la autoridad del «Muy Honorable Presidente».

Pero el TSJC no atendió a sus razones y considerando la mencionada «recalcitrante» actitud desobediente le impuso, además de la inhabilitación, una multa de 30.000 euros a sumar a los 3.000 con los que ya le había sancionado en lo administrativo la propia JEC. Recurrió y acabó llegando en casación hasta el Supremo, que ayer celebró vista pública sobre este asunto. Torra, recibido con el protocolo para presidentes autonómicos, acudió a la sesión como oyente entre el público. Había hablado antes, en sus redes sociales: publicó la foto de la pancarta de marras.

Una vez hechos los honores, Boye resumió en poco más de 20 minutos los 300 folios de un recurso que pivota en torno a la falta de garantías con que, dice, se ha seguido todo este asunto. Alegó que los vocales de la JEC que dieron la orden no eran independientes –los denunció sin éxito por prevaricación–, como tampoco los magistrados del TSJC que dictaron la sentencia.

«La minoría»

Habló también de «trato distinto» de su defendido en comparación con otros políticos sancionados en materia electoral, como el presidente Pedro Sánchez y la que fue su portavoz, Isabel Celaá, pero no sólo. «Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y sólo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: que se trate de una minoría nacional», llegó a decir. Él, recordó, «ni siquiera participaba en el proceso electoral».

Para sostener que esas tres palabras en una pancarta formaban parte del discurso político de Torra y, por tanto, deberían estar blindadas por su inviolabilidad parlamentaria puso a su clien

La intervención de ayer en el Supremo de Gonzalo Boye, el defensor de Quim Torra, fue eminentemente técnica. Hizo de entrada una declaración de confianza en la independencia del Tribunal y luego se enfrascó en una argumentación estrictamente jurídica, aunque reprochó parcialidad al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y te en el mismo plano que a la exportavoz parlamentaria del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo hasta el punto de decir que ambos son «nacidos fuera de España», aunque Torra es de un pueblo de Gerona. La tesis, que mientras a ella «no le pasó nada» por decir dentro y fuera de la Cámara que el padre de Pablo Iglesias fue de un grupo terrorista, Torra, «por tres palabras» equiparables a su juicio a la libertad de llevar una insignia en la solapa, podía perder el cargo público.

Antes ya había apuntado que se trataba de una «crítica incluso feroz» cuyos «destinatarios» eran los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma de la que ahora depende que se confirme la inhabilitación, por la sentencia del «procés». Intentó recusarles. En esta línea, cobra relevancia una de las claves de su defensa: «Una pancarta no es un acto administrativo, es un acto político» y, en su opinión, el TSJC lo ha reconocido al condenar precisamente a Torra a estar fuera de la política. Este argumento fue rebatido por la acusación popular que ejerce Vox de forma tajante: «Si es un acto político, está infringiendo el principio de neutralidad que debe regir en todos los cargos públicos en periodo electoral», es decir, procede la condena.

La Fiscalía, representada por Pilar Fernández Valcarce, insistió en este asunto: «No es una actividad política, sino una actividad administrativa en

«Una pancarta es un acto político, no un acto administrativo», defendió el letrado de Torra

«Es una actividad administrativa en un marco de actuación político», replicó la fiscal

a la Junta Electoral Central. Pero no salió de sus labios ningún exabrupto ni eslogan.

Quim Torra, sentado en la primera fila de una sala semivacía, no hizo ni el menor gesto ni comentario mientras Boye se dirigía a los cinco magistrados. Al final de la vista, abandonó Las Salesas para comparecer ante los un marco de actuación político» y «al final, se enmarca en un proceso electoral de toda la comunidad autónoma», que no tiene ninguna competencia en materia de elecciones. Pidió, en primer lugar, que el recurso de casación se inadmitiera de plano sin entrar en el fondo; medios. El fondo y la forma variaron sensiblemente porque el presidente de la Generalitat aseguró que su enjuiciamiento resulta «una venganza», que esta causa es «aberrante y esperpéntica» e insistió en el consabido soniquete de que el Estado español no es democrático. También dejo claro que no piensa dimitir ni convocar elecciones.

Es muy posible que Boye y Torra concertaran previamente esa estrategia de poner una vela a Dios y otra al diablo. Pero lo cierto es que el dirigente político siguió una filosofía muy similar a la de Junqueras, Sánchez, Romeva, Cuixart, Turull y otros conde