El CGPJ advierte al Congreso de que atenta contra la división de poderes

Dieciséis de los 21 vocales alertan de que la reforma acelerada del órgano de gobierno de los jueces es contraria a la Constitución y exigencias europeas

No es habitual en democracia que un poder del Estado tenga que recordar a otro dónde están los límites de cada uno. Y, sin embargo, es algo que de unos meses a esta parte viene sucediendo de forma recurrente en España. Si el Poder Judicial ya había tenido que denunciar en varias ocasiones los ataques a la Justicia por parte del vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en las últimas semanas ha tenido que hacer lo propio con los grupos parlamentarios del Congreso que sustentan precisamente al Gobierno de la Nación. PSOE y Unidas Podemos enarbolan la reforma que pretende limitar las facultades del Consejo para impedir, entre otras cuestiones, que siga haciendo nombramientos estando en funciones. El actual CGPJ tenía que haber sido renovado en diciembre de 2018.

Ante el desprecio mostrado por la Mesa del Congreso, que hace unos días rechazó la petición del órgano de gobierno de los jueces de ser oído en la tramitación de esta reforma, el Pleno del Consejo lanzó ayer un duro aviso a los partidos: la modificación de sus funciones de forma acelerada y sin dar audiencia a los propios jueces, no sólo es inconstitucional sino que atenta contra los estándares europeos en lo que se refiere al principio de separación de poderes.

El acuerdo, alcanzado por una amplia mayoría de dieciséis vocales de distintas sensibilidades (de los 21 que, junto con el presidente, componen este órgano), da un ultimátum a la Mesa de la Cámara Baja para que reconsidere su postura, aunque, como informó ayer ABC, la constatación de este incumplimiento por sí solo ya abre la puerta a que Europa pueda intervenir para volver a recordar a España la exigencia de someterse a los estándares que fija la UE para los países miembros.

En el texto, que fue apoyado por los mismos vocales que aprobaron el difundido en diciembre –en el que se pedía al Congreso que antes de tramitar la proposición de ley, diera audiencia a las partes implicadas–, el Pleno «lamenta profundamente» que se «haya