El pleno mantiene el pulso al Ejecutivo y seguirá con los nombramientos
El jueves abordará las presidencias de seis audiencias provinciales
La única mujer de la Sala Militar del Supremo y esposa de Cándido Conde-Pumpido, es vocal de procedencia judicial. También apoyó los nombramientos ministración de Justicia «por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas».
De haberse llevado a cabo esta reforma con el actual CGPJ, la falta de acuerdo entre los partidos para proceder a la renovación del Consejo habría implicado que durante los dos años y un mes que lleva en funciones no se habría podido cubrir ninguna de las plazas de la cúpula judicial que han quedado vacantes por vencimiento de mandato, jubilación o fallecimiento.
Renovación necesaria
Por último, el Pleno recuerda que en el trasfondo de todo está «la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo» y en este sentido, y como ya hicieron en anteriores acuerdos, los vocales «instan a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad», porque a todas concierne «la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».
En su opinión, esa es la única vía para «liberar a esta institución de su constante cuestionamiento» y para darle una estabilidad «que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial».
Fuentes del Consejo señalaron que este acuerdo ha sido fruto de un minucioso trabajo de trastienda en el que los vocales han peleado por que el malestar que ha generado la actuación de PSOE y Unidas Podemos no se trasladara a la opinión pública como un asunto de «bandos» en el seno del órgano. De ahí que, por lograr el mayor consenso posible, este texto, como los anteriores, haya sido muy trabajado durante los últimos días y medido hasta la útima coma. Se ha intentado, así, buscar el equilibrio entre la actuación que en un primer momento planteó un grupo de vocales del sector conservador de informar acerca de esta reforma «de oficio» y respetar la decisión del Congreso, que es lo que mueve a los cinco vocales disidentes.
Y es así, con este ultimátum al Congreso y el recordatorio de la importancia de la renovación, como se ha conseguido contar con el apoyo de los vocales progresistas (y jueces) Mar Cabrejas, Roser Bach y Victoria Cinto, así como del abogado propuesto por el PNV Enrique Lucas. Los cuatro han unido sus votos al sector conservador para sacar adelante el acuerdo.
Por contra, y como adelantó ayer ABC, cinco vocales del sector progresista no han apoyado el texto y han anunciado voto particular en el que explicarán las razones por las que se oponen. Se trata del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la abogada Pilar Sepúlveda, la vocal Concepción Sáez y los jueces Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga.
La pelota vuelve a estar en manos del Congreso, donde los grupos parlamentarios PP y Ciudadanos han pedido a la Mesa que reconsidere su decisión para que el debate sobre esta reforma se lleve a cabo de forma sosegada y no con la urgencia que los promotores de la proposición de ley pretenden. Tal es esa urgencia que pidieron la habilitación del mes de enero para sacarla adelante.
Las presiones políticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que desista de continuar con los nombramientos hasta que se renueve no están haciendo mella en el órgano de gobierno de los jueces, que en el Pleno del próximo jueves 28 tiene previsto someter a votación al menos seis plazas correspondientes a las presidencias de sendas audiencias provinciales.
El Consejo no se da por aludido ante la proposición de ley que pretende arrebatarle –mientras esté en funciones– una de las facultades que la Constitución le atribuye, y hasta que esa iniciativa no se traduzca en una norma que les vincule, no tienen intención de hacer lo que consideran que sería una «dejación de funciones».
Fuentes del órgano opinan que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovación no tiene que afectar a las legítimas expectativas del juez que quiere concurrir a alguna de las plazas vacantes ni al ciudadano que, como justiciable, se puede ver afectado por el incorrecto funcionamiento de los tribunales de justicia. Ayer, en su acuerdo, los vocales dejaban entrever el daño que haría al funcionamiento de la justicia el hecho de que no se cubrieran plazas durante un tiempo prolongado como consecuencia de la incapacidad de los partidos para renovar el CGPJ.
Respaldo histórico
Lo cierto es que en contra de la imagen de politización que los partidos trasladan –en el sentido de que el CGPJ nombra en función de afinidades ideológicas–, los nombramientos de los últimos meses no han hecho sino desmontar esa afirmación. En los últimos plenos las plazas que se han sometido a votación han conseguido un respaldo histórico: de todos los vocales a excepción del exdiputado Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Para muestra, el Pleno del pasado 17 de diciembre, en el que por una abrumadora mayoría de 18 votos, el Consejo sacó adelante cuatro nuevos nombramientos. A los cuatro vocales progresistas que ayer votaron con el sector conservador, se unieron entonces los dos progresistas de procedencia judicial (ayer discrepantes con el acuerdo del Pleno): Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga. De esta forma, todos los vocales jueces propuestos por el PSOE respaldaron entonces los nombramientos, lo que supuso un espaldarazo a que el CGPJ siga desempeñando sus funciones con normalidad, a pesar de las críticas del PSOE y de las reticencias de la asociación que les propuso: Jueces y Juezas para la Democracia.
En un comunicado fechado el pasado 18 de enero esta asociación mostró su desacuerdo ante la iniciativa de los diez vocales que pidieron al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, la convocatoria de un pleno extraordinario (el de ayer) ante la negativa del Congreso a escucharles.
«Creemos –señalaba la nota– que debe limitarse la actividad del CGPJ en funciones, como se delimita en el caso del resto de órganos constitucionales, máxime cuando la actual situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, insta a tomar decisiones que reviertan dicha situación». La incógnita del próximo jueves reside ahora en saber si Mozo y Martínez de Careaga harán caso a esta asociación o si, por el contrario, volverán a participar en la votación de las plazas a cubrir.
Juez de refuerzo
Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer –en su reunión previa a la del Pleno– que el juez Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional del caso Villarejo o Lezo, entre otros, cuente con Joaquín Gadea como juez de refuerzo. El togado se une así al también juez de refuerzo Alejandro Abascal, firme candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura en los conatos de renovación del próximo CGPJ. La decisión se tomó con el voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes, que deshizo el empate de cuatro votos a cuatro. Gadea ya ejercía de juez de apoyo en ese juzgado (el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia), si bien no ejercía funciones jurisdiccionales.
Los vocales creen que el desacuerdo de los partidos no puede traducirse en que no se cubran plazas