Protección legal y ayuda psicológica a los docentes agredidos
El proyecto de ley que reconoce la autoridad del profesorado supera el debate en el Pleno
La Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado superó el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, defendió en el Pleno la pertinencia y necesidad de una normativa que no solo recoge la figura de autoridad pública de los docentes sino que, además, quiere garantizar la presunción de veracidad del profesor y dotarles del derecho a la asistencia jurídica gratuita y de recursos de asistencia psicológica.
Para Imbroda, esta Ley pretende «dar más seguridad y valoración social del profesorado», así como extender la protección que se le brinda desde la administración a las horas lectivas y dentro del centro escolar sino también al resto del día o Internet para evitar fenómeno como el ciberacoso. El titular de Educación defendió que la normativa es necesaria puesto que «hemos pasado de que el docente sea figura incuestionable al constante desprestigio de sus decisiones».
Por su parte, la oposición coincidió en señalar que la mayoría de las normas que establece este nuevo proyecto de ley ya están recogidas en el ordenamiento jurídico nacional y autonómico. Es algo que le afeó al consejero la portavoz del PSOE en Educación, Beatriz Rubiño. Para la socialista la propuesta de ley está «escasamente trabajada» y «sin rigor normativo». Rubiño subrayó que el Gobierno andaluz quiere legislar cuestiones «que ya está en la normativa andaluza y estatal. Parece repetir normas que ya existen», además de adentrarse en «materias reservadas al Estado», defendió.
«No inventan nada nuevo»
En la misma línea intervino Jesús Fernández, de Adelante Andalucía, quien indicó que lo recogido en el proyecto normativo «ya viene contemplado en la ley». Fernández fue a más y acusó al consejero de «copia y pega» con otras leyes parecidas. «No inventan nada nuevo», acusó.
El portavoz del PP, Miguel Ángel Ruiz Ortiz anunció además que van a pedir en las enmiendas que la protección de esta normativa se extienda a todos los tipos de educación, no solo a la pública y reivindicó que el reconocimiento de la figura de autoridad del docente está en la normativa estatal desde 2013, cuando la incluyó el entonces ministro Mariano Rajoy.
De parte de Ciudadanos intervino María del Mar Sánchez Muñoz, quien criticó que la oposición quisieran hacer ver que esta es una normativa «redundante y que no sirve».
Macario Valpuesta intervino por Vox y defendió «la autoridad natural» frente al Estado. Además aprovechó para loar las virtudes del Pin parental, que, asegura, Imbroda firmó aplicar en Andalucía con ellos.