PRUDENCIA ANTE LA CUARTA OLA
Es necesario extremar las precauciones en Semana Santa para que la animación en las calles, vital para la reactivación económica, no se convierta en un nuevo drama sanitario
Apunto de encarar la cuarta ola de la pandemia, si no se ha iniciado ya, resulta cada vez más difícil concienciar a la ciudadanía de la relevancia que tiene seguir luchando contra ella con la prevención necesaria. Tanto se ha normalizado conocer cada día el listado de cientos de fallecidos, que ya hay una cierta insensibilización del horror que representa. Los datos apuntan de forma cada vez más evidente a una nueva etapa de crecimiento de los contagios, cuyo impacto definitivo aún se desconoce. La tasa de incidencia en Andalucía se ha situado en 134,4 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas y la capacidad de replicación del virus ha subido al 0,94 desde el 0,60 de hace siete días. La coincidencia de esta delicada coyuntura con el inicio de la Semana Santa incrementa el riesgo de que en las próximas semanas se deterioren notablemente los parámetros sanitarios. A diferencia del pasado año, estos días hay miles de personas en la calle, por lo que es prioritario extremar las precauciones para que la animación en las calles, vital para la reactivación del comercio y la hostelería, no se convierta en un nuevo y dramático episodio en la historia de la pandemia.
La paradoja es que el incipiente agravamiento de la situación se produce en un momento en el que el dispositivo sanitario está organizado y funcionando con razonable eficiencia. La Consejería de Salud comenzó ayer mismo en tres provincias andaluzas la vacunación de un nuevo segmento de la población, el situado entre los 55 y 65 años. La logística desplegada en la comunidad autónoma andaluza se ha demostrado acertada, ya que ostenta el índice más alto de vacunas dispensadas respecto a la cantidad total recibida, y apenas se han registrado incidencias reseñables más allá de momentos puntuales de desconcierto en algunos puntos de vacunación, en su mayor parte por la llegada de grupos de pacientes fuera del turno que les correspondía.
Si el ritmo de vacunación va más lento de lo deseado —un 5,8 por ciento de la población en Andalucía, muy lejos del 70 por ciento que se preveía para el verano— se debe a la desesperante demora en la distribución de las dosis. Las sucesivas olas de contagios han demostrado que la única salida definitiva a la pandemia del coronavirus es la vacunación masiva para alcanzar inmunidad de rebaño, pero la adquisición de las vacunas se ha convertido en una encarnizada batalla política en la que la UE ha demostrado su debilidad. La inminente llegada a España, según se ha anunciado, de un millón de vacunas de Pfizer y Moderna debe relanzar la campaña en Andalucía, siempre que el Gobierno de Pedro Sánchez se olvide de estrategias partidistas y proporcione a la administración autonómica el porcentaje de dosis que legítimamente le corresponde en razón de su peso demográfico, que se acerca al 20 por ciento de la población nacional.
Porque, más allá de los avatares en la evolución de la enfermedad, el gran riesgo en los prolegómenos de la cuarta ola es la politización de la pandemia. En un país ideológicamente polarizado y con un Gobierno que antepone la táctica política a la gestión, la utilización partidista de la crisis repercutiría indefectiblemente en la eficacia de la lucha contra el virus. Lo estamos viendo en Madrid: Sánchez está de precampaña electoral, y si para ello tiene que criminalizar al Gobierno de Ayuso presentándola como la capital europea de la borrachera y la fiesta desbocada, y no como una resignada síntesis efectiva entre salud y economía, el presidente lo hace sin dificultad. El objetivo es simple: estigmatizar a la candidata del PP.
La segunda advertencia del gobernador del Banco de España al Ejecutivo de Pedro Sánchez en pocos días fue ayer tan contundente como la primera. Tras haber reducido a cenizas las previsiones de crecimiento hechas por el Gobierno, Pablo Hernández de Cos ha mostrado ahora su desconfianza hacia la verdadera eficacia que puedan tener los 11.000 millones aprobados por decreto para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Buena parte de ese dinero no será en ayudas directas, su reparto no será homogéneo, y si además Sánchez pretende presentarlo como una solución definitiva que añada valor a los 140.000 millones de Europa, todo habrá sido en balde. Los 11.000 millones son una ayuda necesaria para salvar a empresas fiables de una ruina inminente, pero si Sánchez cree que puede suplir con estas ayudas y los fondos europeos las reformas estructurales que demanda nuestra economía, estará cometiendo un error de nefastas consecuencias. Y más, con un déficit público desbocado, de casi el 11% y 120.000 millones, en 2020.