El fraude de Green Power salpica a la Universidad de Sevilla
La causa, destapada por ABC, toma impulso en un Juzgado de Sanlúcar
Un juzgado de Sanlúcar la Mayor ha dado un impulso a la investigación abierta por el presunto fraude millonario en subvenciones europeas y estatales que salpica a la empresa sevillana Green Power Technologies y a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), un centro vinculado a la Universidad de Sevilla. En este asunto ya hay quince acusados por presuntos delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En enero de 2018, este periódico publicaba que Anticorrupción estaba investigando un supuesto fraude en las subvenciones con dinero procedente de la Unión Europea a una empresa sevillana. Desde entonces se ha estado llevando a cabo una investigación judicial en la que ahora, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar señala que los 28 proyectos de I+D bajo sospecha alcanzan los 16,5 millones de euros, confinanciados por el presupuesto europeo para el periodo 2009-2015.
El caso se inició en agosto de 2017 después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), clave en esta investigación, remitiera a la Fiscalía la investigación para determinar el correcto uso de esas subvenciones. La empresa de ingeniería fue fundada por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Carrasco y Eduardo Galván. Ambos investigados. El juez tomó declaración los pasados días 18, 19, y 22 de marzo a los 15 iacusados. Están las dos empresas, nueve extrabajadores y cuatro exconsejeros de la empresa. El primero de este segundo grupo es José María Bueno Lidón, quien fuera presidente de la caja de ahorros El Monte era consejero de Green Power en 2007 y presidente de la junta directiva de AICIA. También están los fundadores de la empresa.
Según el juez, las presuntas irregularidades se centran en la ejecución de proyectos de I+D cofinanciados por la Unión Europea. También están enduda proyectos financiados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Entre las conductas presuntamente penales, está la subcontratación de AICIA para ejecutar losproyectos.
El juez indica que los proyectos investigados recibieron 16,5 millones en ayudas europeas y estatales