«Proponer a De Prada era una forma sencilla de torpedear el pacto»
Impulsor de los acuerdos con los que el Poder Judicial ha plantado cara al Ejecutivo, Macías se muestra preocupado por el asalto al órgano de gobierno de los jueces con la última reforma
Dos años y tres meses después de que haya vencido el mandato del Consejo General del Poder Judicial, los vocales deshacen las maletas sin previsión de que a corto plazo se reanuden las negociaciones entre Gobierno y PP. Preocupados por las injerencias del Ejecutivo y Legislativo, y molestos con la reforma que limita sus funciones, el CGPJ estudia la posibilidad de llevar este ataque al Tribunal Constitucional. El vocal José María Macías, magistrado en excedencia y abogado, no oculta su preocupación por la deriva de la situación política actual, de involucionismonismo claro.
—Parece que a la tercerara no ha sido la vencida... ¿Cree que e se renovará algún día el l CGPJ?
— Así es, lamentablemen- te, a la tercera no ha sido o la vencida, pero en las tres s ocasiones en las que los s negociadores se han sentado a hablar, el acuerdo ha estado muy cerca. Si esta vez fracasó es porque Podemos se empeñó en una propuesta que sabía inaceptable para la otra parte, antes incluso de formularla. Proponer a José Ricardo de Prada fue una forma sencilla de torpedear el pacto. El sistema actual exige actitud de consenso, y eso es algo tremendamente difícil de conseguir si hay elementos dedicados a impedirlo.
—¿Cómo afecta a la actividad del Consejo la reforma que limita sus funciones?
— La reforma es intolerable en su concepción y en también sus efectos. Alguien ‘ha pensado’ que para solucionar un problema (la falta de acuerdo en la renovación) lo mejor es causar otro mucho más grave, perjudicando el buen funcionamiento de la Administración de Justicia para poder culpar a la otra parte negociadora de que no se solucione ese problema. Ignoro quién es el diseñador de esa estrategia, pero se me hace evidente el nivel de su compromiso con la defensa del interés general de los españoles: ninguno.
—¿Qué pretende hacer el Consejo con el informe jurídico que ha encargado a su gabinete técnico?
— De momento, precisar el alcance de la reforma para meditarla en todas sus consecuencias. Con su resultado, podemos desde no hacer nada a plantear un conflicto constitucional de atribuciones. Entiendo que lo más claro sería un recurso de inconstitucionalidad, pero eso es algo para lo que el Consejo carece de legitimación.
—¿El interés de los políticos con los nombramientos nombramien no perjudica a la imagen del órg órgano?
— Lamentablemente, es asasí. Hacer los nombrammientos para los altos cacargos judiciales no es sesencillo. No es tan simple cocomo afirmar que el canddidato más antiguo es el mejor y que toca nombrarlo. Ese no es el sistema de nuestra Ley y el conjunto de elementos, a tener en cuenta para llevar a cabo un nombramiento, es complejo. La actitud irresponsable de algunos sectores de la clase política con sus planteamientos consiguen trasladar a la opinión pública la impresión de que toda esa complejidad se reduce a nombrar a los candidatos por simples influencias y eso es algo que, sencillamente, no es cierto.
—Los últimos nombramientos del CGPJ salieron adelante con mayorías históricas ¿Fue un acto de rebeldía hacia el Ejecutivo?
— Yo no hablaría de rebeldía. Difícilmente puede haber rebeldía en el cumplimiento legítimo de las funciones que atribuye la Ley, pero sí fue una lección que era necesario que algunos aprendieran, y especialmente el ministro de Justicia, cuya gestión del conflicto derivado de la falta de renovación no se ha caracterizado por sus aciertos. Des
«Activar la reforma de las mayorías supondría el final de una Justicia independiente»
pués de la metedura de pata que fue impedir a su Majestad que acudiera a la entrega de despachos a los nuevos jueces, y las insólitas tonterías que se dijeron para justificar su ausencia, el ministro cometió la torpeza de afirmar que el Consejo estaba ‘en descomposición’. Era necesario que entendiera que se había equivocado.
—Este Consejo ha afrontado situaciones que ningún otro Consejo había vivido antes: injerencias del Ejecutivo, desplantes del Legislativo... ¿Le preocupa esta situación y que en la tribuna del Congreso se hable de togas franquistas?
—Me preocupa mucho, muchísimo en realidad. En la Europa del Este se están produciendo fenómenos de lo que se conoce como ‘backsliding’, de involución lenta o progresiva de las garantías propias de los sistemas democráticos liberales en contextos de gobiernos de partidos o movimientos populistas que no aceptan el sistema de contrapesos propios de las democracias avanzadas. Esos fenómenos de ‘ backsliding’ suelen poner en el punto de mira al poder judicial, precisamente porque su función es asegurar la efectividad de las garantías que esos partidos quieren suprimir. El sur de Europa no es inmune a esos fenómenos. También aquí tenemos partidos y movimientos populistas que, si tienen opciones de gobierno, plantean el riesgo de contagiar a sus socios. La ocupación política de una Fiscalía General del Estado o la injerencia en las funciones básicas que la Constitución atribuye en exclusiva y sin limitaciones al CGPJ, como ocurre con los nombramientos son, en mi opinión, preocupantes manifestaciones de ‘backsliding’.
—¿Cree que el actual sistema de nombramiento del Consejo ahonda en esa imagen de politización que se tiene de este órgano?
—Creo que es imprescindible que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares. La realidad se impone: es inasumible e imposible mantener el actual sistema de nombramiento, que está en la base de todos los problemas que padece el Consejo.
—Si PP y PSOE no logran un acuerdo, es posible que el Gobierno y sus socios reactiven la reforma que modifica las mayorías ¿Qué supondría esto?
—Supondría el punto y final de una Justicia independiente. Nos situaría a la par de los peores populismos antisistema.
La reforma que prohíbe los nombramientos «es intolerable en su concepción y en sus efectos»