Cuando la Memoria Histórica favorece a los terratenientes
Como en el pazo de Meirás, una plataforma reclama la transmisión al Estado de la hacienda del general franquista en Sevilla, pero el propietario anterior era el ganadero Manuel Camacho Naveda, a cuyos herederos podría regresar 85 años después
El camino está cuarteado por las últimas lluvias y no es fácil llegar hasta el cortijo, que se ve desde varios kilómetros a la redonda en el centro de la llanura de la margen derecha del Guadalquivir, entre las ruinas de Itálica, cuna de los emperadores romanos Trajano y Adriano, y el primer puente de Sevilla. Los ladridos de los perros son la única referencia para saber cuánto le queda a la vereda hasta desembocar en Gambogaz, la hacienda en la que el general Gonzalo Queipo de Llano centralizó la gestión del franquismo en Andalucía. A primera vista, el cortijo está cadavérico. Tapias desconchadas, ramajos en las vallas, un patio con las antiguas farolas mohosas, los limoneros marchitos… Incluso le faltan varias letras al nombre en el arco de entrada, como si se estuviese borrando la historia con la misma naturalidad con que las polillas se han comido las ventanas. Nadie diría que existe en estos momentos una agria disputa acerca de la legítima propiedad de ese cortijo fantasmal por el que los lugareños aún ven corretear el espectro temible del hombre que lideró el alzamiento en Sevilla.
Los vecinos de Camas, localidad a la que pertenece la finca, aseguran que esta imagen ruinosa es una impostura. Pura apariencia. Dicen que en la zona central de la construcción hay una casa con toda clase de lujos que hoy disfrutan los herederos de Queipo. Pero en todo caso no es esa posible opulencia la razón del conflicto. Se trata de un pleito sobre la memoria. Desde hace varios años, la plataforma ‘Gambogaz para el pueblo’ está reclamando la transmisión al Estado de estos terrenos en aplicación de la Ley de Memoria Histórica siguiendo un procedimiento similar al del Pazo de Meirás. Pero esta organización tampoco cuenta toda la verdad: en caso de demostrarse que Gonzalo Queipo de Llano expropió la finca, la ley que tanto enarbolan podría beneficiar a sus anteriores propietarios, que han sido permanentemente ocultados, y no al patrimonio público.
ABC ha podido acceder a toda la documentación que demuestra que ese cortijo de 480 hectáreas, uno de los más ricos de Andalucía en producción agraria, pertenecía a un empresario al que el franquismo perjudicó. Porque el alzamiento, la guerra y la dictadura también dejaron víctimas entre las clases más boyantes. Esta es la historia completa.
Envuelto en miedo
Suena el porterillo automático de un primer piso de la céntrica calle Orfila de Sevilla. En su balcón se lee ‘Morales&Vázquez Abogados’.
—¿Gonzalo Pineda Vázquez, por favor?
En el despacho están sentados, entre montañas de papeles, este letrado y sus dos compañeros y primos, José Manuel Vázquez y Luis García Vázquez. Son la sexta generación de un terrateniente que revolucionó la agricultura española y que llegó a ser alcalde de Sevilla en 1840, además de fundador de instituciones tan importantes para la capital andaluza como el Real Círculo de Labradores. Se llamaba Ignacio Vázquez Gutiérrez y fue el impulsor de un modelo de producción innovador basado en la industrialización de los cultivos y en el uso de maquinaria para la recolección. Sus tres herederos que han decidido poner en pie la historia conocían una parte por la versión que dejó en la familia su bisabuela, Rosario Reina. Según la leyenda relatada por esta mujer, Ignacio Vázquez había legado en su testamento 1.365 partes de la finca a su esposa, María de la Lastra y Romero de Tejada, y las otras 300 partes a sus nueve hijos. Pero en 1937 el general Queipo de Llano la compró a través de supuestas coacciones. Los documentos han demostrado que una parte de esta historia es cierta, pero Rosario Reina tenía algunas lagunas.
Los Vázquez han descubierto que María de la Lastra vendió sus 1.365 partes al ganadero gaditano Manuel Camacho Naveda antes de que apareciera Queipo y que la supuesta venta bajo coacciones que su familia hizo al general fue la de las 300 partes que se quedaron sus hijos. Todos tuvieron que ir vendiendo sus propiedades salvo dos, que se resistieron. Esa es la rama que sigue siendo propietaria de una zona del cortijo. Por tanto, ellos ya apenas tienen nada que reclamar. Si la Ley de Memoria Histórica puede devolver algo a alguien, no es a su familia.
—¿Por qué siguen ustedes entonces con este asunto?
—Porque lo que nos contaron nuestros antepasados estuvo siempre envuelto en miedo, lo decían todo casi en secreto y nos parece justo que, sea cual sea la verdad, sus siguientes genera
Gambogaz está en la orilla derecha del Guadalquivir y tiene Sevilla enfrente. Su aspecto es demacrado, pero el valor de los terrenos sigue siendo muy alto ciones podamos contar lo que pasó sin tener que escondernos. Lo que a nosotros nos contaron es que mi abuelo, siendo alférez del bando nacional, tuvo que sentarse con Queipo de Llano y venderle su parte, bajo la amenaza de la vida de su madre y de que él y su hermano irían al frente de guerra si se negaba. Viendo los papeles, todo encaja. Y en la venta de los terrenos de mi abuelo pudo haber un vicio en el consentimiento, pero no sabíamos que la mayor parte de la finca ya no era nuestra, así que aquí ya no hay ningún interés particular por nuestra parte.
La respuesta de Gonzalo Pineda Vázquez, que administra con todos sus