Caso Fundación DeSevilla El juez cuestiona por qué no se investigó a Monteseirín y Torrijos
El fraude en las subvenciones a la cooperación de esta Fundación, afín a IU, termina con la condena del exgerente López Adán, único acusado
El fraude de las subvenciones en la Fundación DeSevilla durante el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, como alcalde, y el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, como teniente de alcalde, en el Ayuntamiento de la capital se cierra con la condena al único acusado, el gerente de la entidad entre los años 2007 y 2011, Miguel López Adán, colocado en ese puesto por la mano derecha de Torrijos y ex delegado municipal de Economía, Carlos Vázquez. La pena impuesta ha sido de un año de cárcel y una multa de 742.500 euros, el dinero defraudado. López Adán es el único que va a pagar por este fraude, pero el juez de lo Penal número 11 de Sevilla, encargado de juzgar el caso, se cuestiona «qué motivos ha generado que ni el Patronato (de la Fundación) ni Carlos Vázquez hayan sido objeto de investigación». Entre los miembros del Patronato figuraban Sánchez Monteseirín, como presidente, o el propio Torrijos.
Monteseirín nunca estuvo investigado por estos hechos, pero Torrijos y Vázquez sí. Estuvieron imputados hasta antes del auto de procesamiento. Fueron excluidos por el juez instructor a petición de sus defensas y de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, el último día del juicio, el propio fiscal del caso aseguró que ambos dirigentes comunistas deberían estar sentados en la vista oral.
«No han sido escasas las ocasiones en las que su participación en la Fundación les atribuía un protagonismo en el desarrollo de las subvenciones concedidas, que su actuar era próximo al de López Adán», afirma el juez en relación a Torrijos y Vázquez, pero admite que «se decidió por la acusación pública (Fiscalía) que su intervención en el juicio fuera en la condición de testigos». El Ayuntamiento no estaba ni personado por decisión del actual alcalde, Juan Espadas.
López Adán ha sido condenado a un año de cárcel por un delito de fraude de subvenciones y al pago de una multa de 742.500 euros, el dinero público defraudado por el expediente de subvenciones 98/08, el único juzgado en este asunto. El Ayuntamiento, a petición de Torrijos y a pesar de las advertencias del interventor municipal, concedió 990.000 euros para trece proyectos sociales en países en vías de desarrollo. Algunos tan dispares como la compra de horno incinerador para La Habana, cuya gestión fue «más propia del mundo circense que del desarrollo de una actividad pública municipal destinada a la cooperación internacional», recoge el juez.
A lo largo de las 61 páginas de las que consta la sentencia, el magistrado recuerda que la causa se fue diluyendo durante su instrucción, pues comenzó siendo «un conglomerado» de acciones punibles y contra la totalidad de los miembros del Patronato de la Fundación y la gerencia de la misma. Pero todo quedó en un solo delito vinculado a este expediente de subvenciones, el que para la Fiscalía recogía un mayor fraude económico para las arcas públicas.
Durante la sentencia, que es recurrible ante la Audiencia de Sevilla y por tanto no da carpetazo definitivo a este caso, el juez expone la inutilidad de la pericial realizada en esta causa o se pregunta cómo de una instrucción con 14 tomos, 96 cajas de documental, un atestado policial original y tres ampliatorios donde se cuestiona con carácter general el funcionamiento de la Fundación, ofreciendo conjeturas, sospechas, lanzando atribuciones no solo contra el acusado
El incinerador de La Habana El juez ve la gestión de este proyecto «más propia del mundo circense» que de una acción de cooperación
La subvención para gastos de la Fundación López Adán pagó nóminas, deudas con la Seguridad Social, facturas de viajes o material de imprenta
sino también contra otros que finalmente comparecen como testigos (Torrijos o Vázquez), pero al final lo que se cuestiona es la conducta de López Adán respecto de la subvención 98/08».
Para el juez, de las investigaciones policiales y de la instrucción desarrollada se cierne «una evidente sospecha general sobre la Fundación», que no es otra que considerar las subvenciones como «un mecanismo de financiación de la misma para afrontar con carácter general y sin distingo de sus gastos y mantenimientos, del signo que fueran», pasando a un segundo plano los objetivos, fines y actividades por los que las subvenciones nominativas eran concedidas.
A este respecto, el juez añade que «esta sospecha general, que hubiera exigido una mayor investigación técnica y la presencia de más responsables, no se ha plasmado en la fase intermedia del proceso», pues el fiscal retiró la acusación a los dirigentes de