El fiscal enmienda la decisión de Espadas de retirar la acusación
La salida del caso benefició a Torrijos y perjudicó a las arcas municipales
IU y el Ayuntamiento se quitó del caso.
El juez, que valora la gran labor de la defensa de López Adán, que calificó de difícil, resumen que López Adán pidió en 2008 una subvención para 13 proyectos de cooperación. A pesar de las reticencias del interventor municipal porque la Fundación no había justificado las ayudas anteriores, Torrijos pidió a la junta de gobierno local que se aprobase y así se hizo. Le dieron el 75 por ciento del millón de forma inicial (742.500 euros).
Esta cantidad se la liquidó en cuatro meses, pagando nóminas, facturas de viajes, deudas con la Seguridad Social, material de imprenta,... «Permitió la subsistencia de la Fundación pero no la realización de los proyectos», asegura el juez, que añade que «prácticamente la mitad» de los 742.500 euros no fueron a los fines sociales previstos.
Para el juez, López Adán era «conocedor» de que el dinero era para regar de liquidez a la Fundación y no para los proyectos, como el del horno incinerador en La Habana.
«No entiende el tribunal las prisas que debe manejar el Ayuntamiento respecto de situaciones de carácter urbano-cívico de otras ciudades del mundo», dice el juez, quien explica que este proyecto es «un claro ejemplo de la mecánica desarrollada» en la Fundación: «Una vez alcanzada relevantes responsabilidades públicas se decide asumir proyectos de cooperación internacional afines a una ideología política, se inicia la actividad, hago uso de fondos de diverso origen, abono facturas, concierto la compra del incinerador. Todo ello sin subvención. Y posteriormente concierto un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, partiendo de las unidades políticas que dirijo, apruebo el convenio y obtengo la subvención para el incinerador», concluye el juez de lo Penal, Joaquín Yust.
El caso del fraude en las subvenciones de la Fundación DeSevilla vivió varios momentos relevantes durante los años de instrucción que han podido marcar el devenir de la investigación y de la resolución de la causa, que ha concluido con la condena al que fuera gerente de la Fundación entre 2007 y 2011, Miguel López Adán, único acusado.
El primer hito procesal fue la retirada de la acusación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el gran perjudicado por el fraude en la Fundación. Con la llegada de Juan Espadas a la Alcaldía en el año 2015, una de sus primeras decisiones fue retirarse de este caso y dejar únicamente a la Fiscalía como acusación.
Pero no lo hizo únicamente en este asunto, sino que el socialista Espadas también se puso de perfil, apartando a los abogados del Ayuntamiento, en el asunto de Fitonovo, las oposiciones de la Policía Local o en la pieza de Mercasevilla por el delito societario que se juzgó en la Audiencia de Sevilla y por el que se condenó al exgerente Fernando Mellet.
Aquella decisión de Espadas en el caso de la Fundación DeSevilla benefició al ex teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y al ex delegado municipal de Economía, Carlos Vázquez, en la última legislatura del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Ambos dirigentes comunistas, además, vieron cómo la Fiscalía Anticorrupción respaldaba la petición de sus defensas de que fueran excluidos del caso, lo que el juez instructor decidió en julio de 2016, antes de dictar el auto de procesamiento contra López Adán, quien a la postre ha sido condenado a un año de cárcel y al pago de una multa de 742.500 euros. Es el 75 por ciento de la subvención de 990.000 euros concedida a la Fundación por el gobierno local de Sánchez Monteseirín y Rodrigo Torrijos, a pesar de las advertencias de la intervención municipal.
Responsabilidad civil
Pero, además, López Adán ha sido condenado a devolver a las arcas municipales, como responsabilidad civil, los 742.000 euros recibidos por la Fundación DeSevilla y destinados a otros fines distintos para los que fueron proyectados. La defensa quería que esta responsabilidad civil se ciñera a los 355.344 euros que no fueron a los proyectos sociales, pero para el juez «la cantidad global obtenida (742.500 euros) no fue destinada a desarrollar los proyectos que integraban» el expediente de subvención. Aceptar la pretensión de la defensa, según el magistrado, sería apartarse de la visión íntegra de lo que constituyó la mecánica de funcionamiento de la Fundación respecto de las subvenciones recibidas entre 2007 y 2010 y que culminaron «en un agujero financiero de millón y medio de euros».
A pesar de que esta sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Sevilla, inicialmente las arcas municipales verán la restitución del dinero defraudado como consecuencia de la inadecuada gestión en la Fundación DeSevilla. La restitución del daño económico al Ayuntamiento fue una petición de la Fiscalía al juez. Por tanto, el Ministerio Público, única acusación en el caso, enmienda la decisión de Juan Espadas de retirar la acusación y logra la devolución de los 742.500 euros.