Más explicaciones, el miércoles 14
estudiado la cuestión y que no procedía crear un marco legal que permitiera alterar derechos fundamentales, como hace el estado de alarma, al margen de la legislación ordinaria.
«Esperemos que la realidad epidemiológica nos dé los suficientes instrumentos para seguir respondiendo con eficacia a esta pandemia», dijo ayer Sánchez. Si la realidad se complica, las cosas pueden cambiar. Él mismo apuntó ayer a que la vacunación empezará a coger ritmo este mes de abril. Y que las primeras semanas de mayo se alcanzarían los 5 millones de personas vacunadas. Todo depende ahora de que la velocidad de la vacunación sea lo suficientemente intensa como para limitar el ascenso de la cuarta ola.
Varios grupos de la oposición tienen sus dudas y reclaman un plan B que ejerza de colchón de seguridad en caso de que sea necesario. Hay múltiples factores que pueden interferir en las previsiones dibujadas por Sánchez, comunidades autonómas. Al desaparecer ese marco, esas limitaciones decaerían pues esas comunidades dejarían de ser las «autoridades delegadas» a las que se refería el decreto del Ejecutivo. Los expertos consultados por ABC señalan que si la situación de la pandemia requiere tomar medidas como las que están vigentes ahora y ese estado de alarma no se prorroga sería preciso que el Ejecutivo estableciera «un nuevo marco como el vínculo encontrado entre la vacuna de Astrazeneca y la generación de trombos o una posible extensión de la variante sudafricana que escapa a la inmunización actual. El Gobierno insiste en que no hay alternativa jurídica posible al estado de alarma. PP y Cs entienden que sí pero difieren en el modelo a aplicar.
El PP pide reformas urgentes
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, exigió a Sánchez que busque fórmulas legales que limiten «lo mínimo posible las libertades y derechos de los españoles» al tiempo que permitan luchar contra el virus. «Hay alternativas, llevan un año sin hacer reformas legislativas, reformas que permitan utilizar mecanismos y dotarnos de instrumentos», censuró.
A su juicio, esta búsqueda es la que llevaría a cabo «un buen presidente del Gobierno» pero no es lo que está haciendo el líder socialista. Gamarra continuó acusando al Ejecutivo de ofrenormativo» que habilite a los gobiernos regionales para imponer esas limitaciones porque las comunidades por sí solas «no tienen base competencial» para hacerlo sin una norma que las habilite.
¿Existe ese marco normativo?
En este momento no, y es algo que critican los juristas, que recuerdan que el Ejecutivo ha tenido tiempo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo miércoles 14 de abril ante el Congreso para dar explicaciones sobre el actual estado de alarma aunque, probablemente, la oposición intentará presionarle para que desvele si finalmente levantará este marco. Las explicaciones del presidente vienen obligadas por el decreto de prórroga, que establece su rendición de cuentas cada dos meses. La última vez que compareció por esta cuestión fue en febrero y aquel día anunció el riesgo de una cuarta ola si se suavizaban las restricciones. suficiente durante estos meses para buscar alternativas a ese estado de alarma y que no había necesidad de improvisar ahora un plan B a un mes de que éste finalice. Esos expertos ven inviable que a partir del 9 de mayo no haya ninguna restricción. Coinciden en que el Gobierno habilitará un plan B amparándose en las recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud, de forma que de nuevo sea una norma de cer a los españoles solo «un estado de alarma permanente», y la limitación de sus «derechos y libertades» como parte de su política de «ordeno y mando». Por ello, invitó a Sánchez a aprovechar «de una vez por todas el tiempo en beneficio» de los ciudadanos, impulsando reformas urgentes que impidan tener que volver a recurrir al estado de alarma a partir del 9 de mayo, en caso de que los pronósticos de Moncloa no se cumplan.
Desde Cs, su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, advirtió de que el estado de alarma «es una herramienta jurídica». «¿Se acuerdan de la segunda ola? No hubo estado de alarma, el Gobierno se desentendió y puso la pelota en manos de las autonomías y lo que ocurrió es que unos jueces avalaron las medidas y otros no», recordó. Para Bal, el nuevo escenario debe pasar por «la declaración de actuaciones coordinadas», es decir, que las decisiones se adopten «desde la Audiencia Nacional y no desde tribunales superiores de justicia autonómicos». Una opción que la formación naranja ya propuso al Gobierno antes del pasado verano y que Moncloa no aceptó. «Ese es el plan B de verdad», remachó,
¿Se pueden imponer medidas restrictivas sin estado de alarma? informa Vox, contra el toque de queda
La formación de Santiago Abascal, en cambio, no expuso ayer ningún plan alternativo. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, subrayó que su propuesta es eliminar el toque de queda o retrasarlo al máximo posible porque, a su juicio, es una manera «absurda» de limitar los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, adelantó que si el Gobierno pretende prorrogar el estado de alarma, su grupo votará «no» como ha hecho en peticiones anteriores. «Es absolutamente ilegítimo e ilegal. No vamos a contribuir a que se prorrogue», sentenció. carácter nacional la que habilite a las comunidades autónomas para decidir sobre cuestiones como la libertad de circulación.
Sí, a través de ese nuevo marco normativo, lo que a juicio de los expertos consultados viene a demostrar que el estado de alarma no era necesario porque desde la normalidad, y no desde la excepcionalidad que suponía decretarlo, se podía haber dado respuesta a este problema.