Comienza la quema de 20 toneladas de droga intervenida
La investigación judicial que, después de meses de indagaciones, sacó a la luz a comienzos de este año un caso de presunta corrupción en la Policía Local de Lepe alcanza ya a buena parte de la plantilla del Cuerpo y ha llegado a tocar la cúpula de la jefatura que estaba operativa antes de que el Ayuntamiento del municipio onubense realizara el pasado año un cambio al frente del Cuerpo, para situar al mando a un miembro de la Guardia Civil para que se encargara de la dirección.
La causa trascendió públicamente el pasado febrero, cuando por orden de la autoridad judicial que se encarga del procedimiento (el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte), se llevaron a cabo las dos primeras detenciones, entre ellas la del anterior jefe de Policía, sin que se conociera entonces la extensión que podría llegar a tener el caso.
Según confirmó ABC, en este punto de la instrucción son ya ocho los implicados en la causa por presunta corrupción, de los que siete son policías locales y solo un octavo investigado, un supuesto colaborador, es ajeno a la plantilla policial de la localidad onubense.
La documentación recabada y los testimonios recogidos por la Guardia Civil y en sede judicial –que forman parte del sumario– se han mantenido ‘sub júdice’ durante meses, sin que las partes conozcan el contenido. Ahora, el instructor ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones. Las defensas de algunos de los agentes implicados habían recurrido recientemente la prórroga del secreto sumarial.
Cohecho y falsificación
Los investigados son un total de siete agentes de la Policía Local y una octava persona, un supuesto colaborador, ajeno al Cuerpo policial. De entrada, a los ocho implicados se les investiga como presunto autores de delitos vinculados con el ejercicio profesional, como son malversación de caudales públicos, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos públicos y falsificación de documento oficial.
Además, el instructor de la causa ha realizado ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Lepe, del que depende la Policía Local, abriendo la posibilidad a que esta administración se persone como en el procedimiento como parte perjudicada.
De los siete policías investigados en el caso, seis tienen abierto expedientes por parte del Ayuntamiento y han sido suspendidos de empleo y sueldo. Estos expedientes quedan en suspenso mientras se lleva a cabo la investigación judicial y en tanto se produzca una resolución.
Detenciones
A comienzos de febrero, la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo por orden judicial al ex jefe de la Policía Local y a un subinspector y llevó a cabo una operación en las dependencias policiales, donde intervino do
Las 20 toneladas de hachís que durante meses se han acumulado en los cuarteles de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, comienzan a ser retiradas y destruidas. Así lo aseguró ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que visitó la la comarca gaditana para reconocer y agradecer el ingente trabajo que los efectivos del Instituto Armado realizan contra el narcotráfico.
Gámez, que detalló que tal cúmulo de droga se debe «al éxito y al golpe que se les asesta a las organizaciones criminales», ha explicado que se ha puesto en marcha un mecanismo «más rápido» para la destrucción de esta droga. Eso sí, ha reconocido que no ha sido fácil «porque no hay muchas empresas disponibles para la quema de la droga». Según abundó, en el último mes se han reducido estas cantidades en un 20 por ciento. «Es un problema en vías de solución», ha añadido.
Otro problema grave en el Campo de Gibraltar debido a la presión policial es la cantidad de narcolanchas intervenidas que se acumulan en el puerto de Algeciras, con el problema de seguridad que ello supone. Al respecto, indicó que, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, la Guardia Civil cuenta con una nueva zona de 2.000 metros cuadrados en este puerto en la que se están reclasificando las narcolanchas intervenidas para localizar las que ya tienen autorización para ser destruidas, «por lo que este acúmulo de embarcaciones va a disminuir de manera notable en lo sucesivo».