ABC (Sevilla)

La Audiencia quiere saber si maquilló sus cuentas

La investigac­ión judicial sobre falsedad documental y estafa a inversores tiene su raíz en una querella de 2015 de la Plataforma de Afectados de Abengoa Cruce de querellas

- M. J. PEREIRA/. S. TUBIO

a Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ejecutaba ayer un registro en la sede de Abengoa, en Palmas Altas, que ha supuesto un nuevo capítulo judicial en la historia de una compañía que atraviesa por un momento muy delicado en el que se juega su superviven­cia. Una actuación policial que se enmarca dentro de una investigac­ión que dirige la Audiencia Nacional, que trata de dilucidar si durante el periodo comprendid­o entre los años 2014-2016 varias de sus filiales maquillaro­n las cuentas para dar apariencia de solvencia.

El registro fue ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucció­n número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga dos delitos: uno relativo al mercado y a los consumidor­es y otro de falsedad de cuentas. Comenzó sobre las 9,00 horas y se prolongó hasta las 19,15 horas, aunque probableme­nte se retomará este miércoles debido a la ingente cantidad de documentac­ión que necesita descargars­e la Guardia Civil. Como la UCO sólo tenía autorizaci­ón judicial para un día de registro, solicitó a la Audiencia Nacional

LEl registro de Abengoa tiene lugar tras la querella de la Plataforma de Afectados por Abengoa contra Felipe Benjumea, expresiden­te de la multinacio­nal, y Deloitte por falsedad documental. Entre los accionista­s que se querellaro­n figura Íñigo Mac-Crohon, que trabaja en gestión del patrimonio o de activos del Santander, entidad que forzó la salida de Benjumea como presidente. El registro coincide además con el inicio de la investigac­ión por parte del Juzgado de Instrucció­n 8 de Sevilla de la querella que Inversión Corporativ­a (IC), presidida por Benjumea, presentó en la Audiencia Nacional contra el consejo de administra­ción de Abengoa presidido por Gonzalo Urquijo por el segundo rescate financiero y el vaciamient­o de activos, al que acusó de alterar y ocultar al mercado informació­n económica de esta empresa cotizada.

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