La Guardia Civil ha solicitado autorización judicial para continuar hoy con el registro de la sede

seguir durante el día de hoy. La labor de los agentes era minuciosa porque estaban descargando en discos duros externos la información que guardaban los ordenadores del departamento de contabilidad de la compañía. De esta manera, aunque el trabajo fue más lento, se evitó tener que trasladar equipos informáticos a dependencias de la Guardia Civil con los consiguientes problemas de custodia y almacenamiento que generan este tipo de intervenciones.

Fuentes consultadas por ABC detallan que el origen de estas diligencias está en la querella que presentó la Plataforma de Perjudicados por Abengoa —representada por el bufete Ius+Aequitas— contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea, por falsedad documental y contra Manuel Sánchez Ortega, otrora CEO de la multinacional. Esa querella fue presentada en 2015 y en un primer momento fue inadmitida por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia. En 2017 la Audiencia Nacional resolvió un recurso de apelación de los accionistas para que se admitiera y se practicaran diligencias.

Fuentes jurídicas indican que la falsedad documental se circunscribe al período entre 2014 y 2016, aunque la querella fue ampliada en 2020 al socio auditor de Deloitte, Manuel Arranz, por falsedad contable y estafa a los inversores, ya que Abengoa es una empresa cotizada, aunque su cotización fue suspendida en julio de 2020 por no presentar las cuentas de 2019 y estar en causa de disolución al presentar un «agujero» patrimonial de 388 millones de euros. La ampliación de la demanda se produjo a raíz de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impusiera una sanción a Deloitte de 1,48