El registro complica la venta de Abengoa y el rescate de la SEPI
Hay dos ofertas de compra, supeditadas a que tres ministerios rescaten a la compañía
tamente ocultaban sustanciales pérdidas de sus activos e incluían en sus contabilidades certificaciones de obras que no estaban acreditadas.
Aunque la causa origen de estas actuaciones es del año 2016, el juez instructor Ismael Moreno ha abierto una pieza separada, declarada secreta, en la que indaga si se falsearon las cuentas para dar una apariencia irreal de solvencia ante los inversores. En concreto, el juez ha encontrado datos que apuntan de manera indiciaria a que se habría ocultado de manera sistemática «sustanciales pérdidas» de activos de la multinacional. También, a partir de un informe pericial aportado por los querellantes, se señalan otras posibles operaciones de maquillaje contable como «el afloramiento de activos inexistentes». Por ese conjunto de indicios, el juez quiere analizar el sistema de facturación de la empresa y pidió a la Guardia Civil que procediera a intervenir toda la documentación que fuera de interés.
Por otra parte, la Plataforma de Afectados de Abengoa también interpuso una querella por la parte del proyecto del AVE Meca-Medina que ejecutó Abengoa. Primero entendió de la querella el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que lo envió a la Audiencia Nacional por considerar que excedía de sus competencias. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó devolviendo de nuevo o la querella al juzgado sevillano, que investiga si se manipularon contablemente la ejecución de los dos contratos que logró en el AVE Meca-Medina de Arabia Saudí.
Registro de la Guardia Civil en Abengoa
Presidente
Por otra parte, el comité de empresa de Abengoa tiene previsto reunirse a primera hora de hoy, miércoles, con el presidente de la compañía, Juan Pablo López-Bravo, y a mediodía con el administrador concursal para abordar el futuro de las nóminas, el rescate solicitado a la SEPI y el estado de las ofertas de compra de la filial Abenewco1. Abengoa trasladó ayer a su plantilla un mensaje de «tranquilidad» ante el registro realizado en su sede por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señalando que se trata de un procedimiento judicial «ajeno a la actual administración» de la empresa.
Los representantes sindicales tenían ayer prevista una reunión con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, pero fue suspendida por «imprevistos de agenda» sin que hayan sido convocados para otra fecha. «Todo han sido trabas para poder asistir a esta reunion», indicó la representación sindical de Abengoa, que se mostró «indignada y avergonzada» con el trato recibido por el Gobierno andaluz. Bendodo expresó ayer su respeto por las decisiones judiciales tras el registro de Abengoa.
El registro de la sede de Abengoa en Sevilla no ha podido ocurrir en peor momento para la multinacional. La compañía está en una encrucijada: con su matriz en concurso de acreedores y su principal filial, Abenewco1, atenazada por deudas a proveedores y bonistas, y negociando —de un lado— un rescate público y —de otro— la oferta de compra por parte de dos grupos interesados. «Esta actuación ajena a la reestructuración financiera de Abengoa crea un clima de inseguridad ante posibles inversores», según fuentes conocedoras de la situación de la empresa.
Hay tres ministerios implicados en el rescate de Abengoa: Hacienda, Industria y Asuntos Económicos. El Gobierno central, que ha apostado hasta ahora por Abengoa, no se ha pronunciado por ahora acerca del registro de la multinacional por orden de la Audiencia Nacional. Pero lo que está claro es que la imagen de la Guardia Civil registrando la sede de Abengoa ha sido un auténtico mazazo para la multinacional, que ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, 249 millones de euros a cuenta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La SEPI, a cuya presidencia acaba de llegar Belén Gualda, estudia si inyecta ese balón de oxígeno una empresa investigada en la Audiencia Nacional por estafa a los inversores y que ha tenido que negociar un aplazamiento de pago con proveedores y bonistas a los que debe 323 y 169 millones, respectivamente.
Pero el rescate de la multinacional depende también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo —cuya titular es Reyes Maroto— y el de Asuntos Económicos —dirigido por Nadia Calviño—. Abengoa pidió al CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación y dependiente de Industria, 300 millones de euros en avales y al ICO, dependiente de Asuntos Económicos, el aval del 70% de créditos bancarios por 230 millones. Además, la nueva situación podría echar también para atrás a los bancos que se habían comprometido a dar 230 millones de euros en créditos a Abengoa con el aval del ICO. Se trata del Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter.
Por otra parte, las dos ofertas que ha recibido Abengoa para comprar el 70% de su filial Abenewco 1 —la joya de la corona por concentrar el negocio de la multinacional— están supeditadas a que la SEPI ponga dinero. TerraMar Capial está dispuesta a prestar 150 millones a Abenewco1 y a inyectarle 50 millones como aportación de capital para quedarse con el 70% del capital social. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que los bancos le presten 230 millones con el aval del ICO y que el CESCE garantice 300 millones en avales. La segunda oferta ha sido presentada por el Grupo Caabsa, de los empresarios mexicanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio (socios de OHL), EPI Holding/Ultramar Energy y la sindicatura de accionistas AbengoaShares. Precisamente, el pasado lunes los Amodio se reunieron con López-Bravo para presentarle la oferta y ya ha comenzado el proceso de duediligence (auditoría previa) a través del bufete de abogados Pérez-Llorca.
Caabsa y EPI-Holding se comprometen a inyectar 35 millones de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones en avales. Además, los accionistas minoritarios de Abengoa inyectarán 25 millones mediante una ampliación de capital y otros 25 millones serán aportados por el Grupo Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy.
Los dueños de OHL han comenzado el proceso de auditoría previa para la compra de la multinacional