Un mosso antidisturbios
tivos de riesgo, lo serán los agentes de todos los Cuerpos policiales».
Las afrentas hacia los Mossos por parte de la Generalitat han sido continuas en los últimos tiempos. La última, la utilización del Cuerpo policial autonómico como moneda de cambio en las negociaciones a tres bandas entre la CUP, ERC y Junts para la formación del próximo Govern. Los antisistema reclaman prohibir a los antidisturbios de los Mossos el uso del ‘foam’ –los proyectiles que usan para dispersar a los violentos–. ERC se había plegado a parte las exigencias de la CUP al pactar la suspensión del ‘foam’ hasta la publicación de su protocolo de su uso, y, finalmente, la Consejería de Interior, en manos de Junts, acabó haciéndolo público, aunque la cúpula policial creía que no era el momento.
Larga lista de afrentas
El ‘foam’ es la última de una larga lista de afrentas a la policía. Como Cuerpo policial, pero también a agentes con nombre propio. Por ejemplo a Imma Alcolea, una excabo de los Mossos suspendida de empleo y sueldo por reivindicar en las redes postulados «constitucionalistas». Preguntada por ABC por la polémica de las vacunas, lo resume con una frase: «Lo que pasa en Cataluña es de juzgado de guardia».
Si el secesionismo mira con desdén a los propios Mossos, qué decir de su desprecio hacia las «fuerzas de ocupación». Un agente de la Arro –una de las unidades antidisturbios de los Mossos– recuerda a ABC la ayuda indispensable de la Policía para frenar a los radicales en lo que el separatismo bautizó como ‘ batalla de Urquinaona’, la jornada más violenta de disturbios de la historia reciente de Cataluña, tras la sentencia del ‘procés’: «Trabajaron codo con codo con nosotros, y ahora les desprecian así».
El ninguneo a propósito de las vacunas comenzó ya el 10 de febrero. El Govern anunció entonces que empezaría a administrárselas a los mossos, pero nada dijo de policías y guardias civiles. Ante ese desprecio, la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, exigió explicaciones. Ofrecieron personal y medios para agilizar el proceso, pero el Govern siguió dilatando los plazos. Ahora, la Delegación del Gobierno ya trabaja en un plan propio para completar la vacunación de los casi 7.000 agentes.
El Gobierno, pese a esta afrenta de la Generalitat, prefiere mantener un perfil bajo. Ayer, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se limitó a pasar de puntillas por el asunto: «Nos dijeron que tenían problemas técnicos, (....) entonces el Gobierno les dijo, (...) no te preocupes, yo me encargo».