Portugal se adelanta a España y envía su plan de reformas a Europa
Su estabilidad da sus frutos para optar a los 16.644 millones que le corresponden
sin haber consenso, prevalecerá el convenio colectivo. Actualmente, la norma establece que al agotarse estos plazos la empresa podrá aplicar directamente el convenio sectorial, lo que deja el de empresa en papel mojado.
Los documentos entregados al diálogo social dejan claro que la ministra sigue intentando deshacer la reforma laboral, eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos; recuperando la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa en aspectos clave; rebajando el poder unilateral del empresario en las medidas de ajuste y flexibilidad y, al margen de dicha reforma, Díaz pretende también regular la cadena de subcontratación para evitar que esta se utilice para abaratar el coste laboral.
Cambios a dos velocidades
Y es que esta negociación hay que entenderla a dos velocidades. Una, en clave nacional, donde la ministra no duda en sacar toda la artillería, y otra, en Bruselas, donde se ha comprometido a «modernizar la negociación colectiva», pero sin entrar en más detalles, según el documento presentado por el Ejecutivo la semana pasada. Los empresarios aseguran que no negociarán ni una sola línea que no esté dentro de las reclamaciones de la Comisión para acceder a los fondos, pero lo cierto es que Díaz está sabiendo manejar a la perfección en estos dos tiempos. Y ya ha advertido: «Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar», dijo sobre un posible desacuerdo con la CEOE.
La ministra sacó ayer pecho sobre el respaldo recibido en Bruselas. «Estamos sustancialmente de acuerdo. Tan de acuerdo como que es bastante sorprendente que, a pesar de las recomendaciones que viene haciendo la propia Comisión desde hace años (...) va a ser por primera vez abordado en nuestro país», dijo tras su encuentro con Dombrovskis, uno de los principales responsables en materia económica y dentro del círculo de los denominados ‘halcones’. Esto es, el grupo de políticos que con más claridad ha pedido a España reformas estructurales y el mantenimiento de la flexibilidad conseguida gracias a los cambios laborales que impuso la reforma de la anterior crisis financiera. La negociación continúa.
Portugal ha vuelto a adelantarse a España y se ha convertido en el primer país europeo que presenta ante Bruselas un plan de recuperación, según el esquema comunitario. El vecino ibérico ha demostrado así una mayor rapidez de reflejos a la hora de reunir todo un programa regenerador. Y, sobre todo, exhibe una capacidad de consenso interno que despierta la envidia de otros países porque se entiende como una prioridad absoluta el hecho de acceder a los 16.644 millones de euros que le corresponden proporcionalmente, de acuerdo con el reparto propuesto en Bruselas.
Las instituciones lusas no se han andado por las ramas y hacen gala de una precisión en sus concreciones que, eso sí, contrasta con la parálisis que viven hoy en día servicios como la sanidad (totalmente colapsada) y los transportes, con unos trenes que en muchos casos bordean lo obsoleto en el siglo XXI y unas prestaciones de metropolitano y tranvía que dejan mucho que desear porque plantan a los viajeros con inusitada frecuencia.
La cuestión indudable es que el gabinete socialista no ha titubeado en sus apuestas y aspiraciones: exten
La capacidad para adaptarse a las adversidades puede ser clave en medio de la ‘nueva realidad’ . Solo así será factible para Portugal acometer inversiones clave.
Sostenibilidad
El grado de producción energética verde está más avanzado en Portugal que en España, y el plan prevé continuar por esta senda.
Transición digital
Las instituciones lusas hacen hincapié en los procesos de digitalización.
sión de la atención médica y de la vivienda pública, descarbonización de la industria, digitalización de las escuelas (complementada por las lecciones a través del tercer canal de la televisión pública), innovación empresarial, fortalecimiento de la justicia económica (en un momento en que los casos de corrupción se agolpan en los tribunales) o formación profesional de los trabajadores.
El objetivo de Lisboa es disponer al menos de un anticipo de la transferencia antes de que finalice la presidencia portuguesa de turno el 30 de junio. Es la prueba de que una de sus metas se va a cumplir más pronto que tarde: presentar el plan cuanto antes para así recibir la contrapartida también cuanto antes. Al menos la credibilidad institucional portuguesa no se ha visto socavada en todos estos meses y no se ha transmitido a Bruselas la imagen de turbulencias constantes que ha desprendido España, con los constantes ataques a la gestión de la Comunidad de Madrid y el caos en Cataluña.
El Gobierno es tan socialista en Lisboa como en Madrid, pero en la capital del fado no han de lidiar con el remo a contracorriente de un partido como Unidas Podemos. Cierto que el Bloco de Esquerda ejerce como una formación análoga; sin embargo, sus presiones han quedado relativizadas y nunca reclamaron entrar en el Ejecutivo.
Con todo, la vicepresidenta Nadia Calviño declaraba días atrás: «Probablemente, somos el país que va más avanzado en la elaboración del plan». Una frase que ahora queda en entredicho, mientras Portugal evidencia que se ha tomado muy en serio su semestre de presidencia de la UE. Se van a celebrar dos encuentros clave esta misma semana de sendos vicepresidentes (Yolanda Díaz y la propia Calviño) con su homólogo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. De ahí pueden (y deben) salir novedades más bien decisivas, tal cual exige la zozobra económica que atraviesa España con especial virulencia.