La SEPI pone sus rescates en cuarentena tras el caso Plus Ultra
El ‘holding’ público revisa procedimientos ya apalabrados para evitar un nuevo escándalo, lo que deja a varias empresas del sector turístico al borde de la bancarrota
El rescate público de Plus Ultra, valorado en 53 millones de euros, ha supuesto un terremoto para el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que otorgó la ayuda. El organismo, coordinado por un comité interministerial, quiere evitar nuevos escándalos, y por ello está pidiendo información adicional a varias empresas con las que ya tenía apalabrada la concesión de préstamos millonarios.
La intención es tener bien atados los próximos movimientos. Tal y como informó ABC, el caso de
Plus Ultra ha hecho un gran daño reputacional al instrumento de la SEPI, porque ni la oposición ni una gran parte de la opinión pública han entendido por qué se considera estratégica a una empresa que apenas cuenta con un 0,1% de cuota de mercado en el sector aéreo, que ya estaba en pérdidas antes de la pandemia y cuyos accionistas han sido relacionados con miembros del régimen de Nicolás Maduro. El caso ha llegado incluso a los juzgados, después de que Manos Limpias denunciase al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por una presunta malversación de fondos públicos en la concesión de la ayuda.
Para evitar que una situación así se repita, el ‘holding’ público está revisando todos sus procedimientos. Una biado. Cuando antes te pedían un papel, ahora te piden treinta», señalan estas mismas fuentes.
Lo cierto es que hace más de mes y medio que no llega al Consejo de Ministros ninguna otra petición aprobada por el fondo. La última se remonta al 16 de marzo, cuando el Gobierno dio su consentimiento a la concesión de los préstamos a la empresa de agencias de viajes Avoris, que integra a las comercializadoras de los grupos Barceló y Globalia. Precisamente, desde el sector denuncian que haya sido este el último rescate facilitado antes de frenar en seco la concesión de las ayudas. En este sentido, algunas empresas denuncian un trato discriminatorio.
La sombra de Globalia
En primer lugar, porque prácticamente el 75% de la cantidad total de los préstamos facilitados han ido a dos empresas de la cartera de Globalia (Avoris y Air Europa); y también por las facilidades que entienden que han recibido «al haber logrado la validación en un tiempo mucho menor a los más de seis meses que llevamos algunos esperando».
Pero, además, a la hora de exigirles requisitos. En esta línea, una de las compañías a la espera del rescate asegura a este periódico que la SEPI le exigió haber dado beneficios en 2019. Una condición que no se le pidió a Plus Ultra, que ha recibido el dinero de los préstamos con más de dos millones de euros de pérdidas en el año anterior a la pandemia, según reflejan sus cuentas.
La situación es delicada. Tanto que algunas voces anuncian que, de no recibir los préstamos, no solo no podrán poner en marcha su actividad en los próximos meses, sino que también veremos quebrar a algunas de las mayores empresas turísticas españolas. El sector lleva prácticamente año y medio parado y la liquidez comienza a agotarse, a pesar de que muchas de ellas acudieran a financiación privada avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una situación que deja a más de una decena de empresas turísticas en la cuerda floja.
Lo cierto es que la persistencia de la pandemia ha provocado que el número de solicitudes de acceso al fondo se dispare durante los primeros meses de 2021. Fuentes empresariales destacan que ha sido en estos meses cuando cientos de compañías han cerrado
Varias empresas esperaban recibir los fondos antes de esta fecha, pero la SEPI no ha movido ficha
Más de la mitad de las compañías que han acudido al fondo de rescate pertenecen al sector turístico