El crac del sindicato
La antigua cúpula se sentará en el banquillo por financiar a la UGT-A con ayudas para formar a los parados
alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos para justificar los fondos públicos. De hecho, ya ha recibido su primera subvención en más de un lustro: una por importe de 546.108 euros para sufragar acciones sindicales, según publicó ‘El Mundo’.
El sindicato había situado al Ejecutivo de coalición del PP y Cs ante una disyuntiva: renunciaba a cobrar ya los reintegros o se vería forzado a presentar un concurso de acreedores.
Durante esta larga pugna judicial, la Junta había rechazado las pretensiones de la UGT-A, que buscaba así una salida al laberinto judicial donde está atrapada debido la gestión irregular de los antecesores de Castilla, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Éste último se sentará en el banquillo, en un proceso penal paralelo, acusado de desviar 40,7 millones en ayudas de la Junta de Andalucía para la formación de parados.
La asesora jurídica de la Junta había rechazado la petición cursada por el sindicato para dejar sin efecto el reintegro de una ayuda dictado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autonómico el 30 de julio pasado. La letrada lo justificaba por que la entidad no ha acreditado «siquiera documentalmente» su situación económica ni «la incidencia irreparable que el reintegro de la subvención –de 4.568,84 euros– pudiera tener en su tesorería». «No se prueban debidamente los motivos o causas alegadas, siendo por tanto inapropiados para decretar una medida tan excepcional como es la suspensión de la ejecutividad de un acto administrativo», señalaba. Además, alertaba de que eximir al sindicato de la fianza «sería gravemente perjudicial para los intereses de la Administración».
Plan de pagos hasta 2035
El 22 de octubre, después de que Hacienda diera su plácet, la letrada autonómica dirigió otro oficio al tribunal en el que ahora sí aceptaba que la deuda se abonara a lo largo de 15 años. «Todo ello, en los términos señalados en la respuesta de la Consejería de Hacienda», alegaba. La UGT-A, que ha conseguido que los jueces estimen total o parcialmente gran parte de sus recursos, ha declinado pronunciarse sobre este asunto a preguntas de ABC.
El sindicato tiene pendiente de abonar 40.242.986 euros, de los cuales están apremiados 6.758.157 euros, y suspendidos o paralizados cautelarmente 33.485.829 euros. La Junta le permite pagarlos a plazos. Entre tanto, podrá seguir recibiendo ayudas de la misma Administración que le reclama una suma tan elevada de dinero público. ubo una época loca e intensa en la UGT Andalucía en la que todo parecía posible. Su secretario general, Manuel Pastrana, que ejerció durante quince años (1998-2013) un control absoluto, encarnó esa década de excesos del sindicato que incluso se endeudó para que él viviera en una casa adosada en Sevilla y le puso un chófer.
Al calor de las subvenciones millonarias que entraron en sus arcas de la mano de los siete acuerdos de concertación social que firmaba la Junta de Andalucía con la patronal, UGT-A y CCOO-A en la etapa de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el sindicato multiplicó su patrimonio. En el año 2011, cuando arreciaba la crisis, reunía posesiones inmobiliarias valoradas en 19,57 millones de euros, según el informe pericial aportado por los empleados afectados por un ERE presentado por la UGT-A en noviembre de 2012 que acabó avalando el Tribunal Supremo. Gran parte de su patrimonio ha sido vendido para obtener liquidez y evitar el crac del sindicato.
En una muestra más de megalomanía, el entonces líder del sindicato hermano del PSOE (la doble militancia antes era obligatoria) incluso financió una orquesta sinfónica para que tocara en sus actos conmemorativos. Era la orquesta de un Titanic que empezó a hundirse el 30 de noviembre de 2012, cuando la organización comunicó los ceses a los mismos trabajadores a los que arengó, meses antes, a salir a la calle para protestar contra la reforma laboral de Mariano Rajoy en vísperas de las autonómicas de 2012. En mayo
Hde 2013, Pastrana dejó las riendas del sindicato a su ‘número dos’, Francisco Fernández Sevilla, cuando su frágil salud se agravaba y después de que ABC desvelara que la UGT-A era su casera. Lo que vino después fue una sucesión de capítulos publicados en la prensa sobre mariscadas, maletines falsos y aulas que el sindicato se auto alquilaba, gastos que éste utilizaba para justificar ayudas autonómicas dirigidas a dar formación a los parados.
El caso de las facturas falsas dio pie a una extenuante instrucción judicial que concluyó en abril de 2020 con el procesamiento de Fernández Sevilla, otros cuatro antiguos dirigentes y diez proveedores acusados de un supuesto fraude de 40 millones por las subvenciones que recibió de la Junta entre 2009 y 2013. El juez libró a Pastrana del banquillo por su «incapacidad sobrevenida» en referencia a su salud.
Nueva etapa
Carmen Castilla, la primera mujer que asumió el mando del sindicato en enero de 2014, ha tratado por todos los medios de enderezar el rumbo de la nave. No lo ha tenido fácil. Pero ha logrado que vuelvan muchos de los afiliados que perdió, restablecer su reputación dañada y mantener una interlocución útil con el Gobierno actual del PP y Cs.
Pero la sombra del pasado es alargada y se proyecta hoy sobre su futuro. El juez instructor impuso una fianza de 40,7 millones de euros a la entidad sindical como responsable civil subsidiaria por el uso irregular de los fondos públicos que hicieron sus antiguos dirigentes. El destino de la UGT-A está en manos de la Justicia. Hace una década nadie lo habría imaginado.