Generoso Macías

∑El Gobierno abrirá un proceso de oposiciones para regularizar la situación laboral de 300.000 personas ∑El gremio denuncia que el acuerdo con los sindicatos es «vergonzoso», «un engaño» y «decepcionante»

Pilar Olivares tiene 54 años. Trabaja en la vigilancia de los incendios forestales en la Comunidad de Madrid. Su perfil es de sénior con cargas familiares, con una vida más que hecha y encarando en la próxima década la jubilación, pero ahora ve amenazado su futuro debido al reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos contra el abuso de la temporalidad en el sector público. Lleva 20 años en la Administración, aunque no como funcionaria. Ella es una de los cientos de miles de interinos que tendrán que examinarse para mantener su puesto.

El lunes pasado, el hasta entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, firmó con CSIF, CC.OO. y UGT un pacto para regularizar la situación de abuso laboral sobre 300.000 interinos. Personal temporal de todas las administraciones que Europa y la justicia han dicho en varias ocasiones que no puede permanecer bajo esa figura porque ocupan plazas que realmente son estructurales, aunque los sindicatos y el gremio afectado hablan de 800.000 o 900.000 personas en esta situación.

El Ejecutivo pondrá en marcha un proceso masivo de oposiciones que deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Y para quienes no superen las pruebas habrá una indemnización de 20 días por año trabajado con tope de 12 mensualidades; si no se acude, no se tendrá derecho a ello.

Función Pública presentó el acuerdo como un triunfo, pero pronto afloraron las críticas de los afectados, que se organizan a través de las redes sociales para clamar contra el ‘icetazo’, un decreto que deberá ser convalidado en el Congreso pero que todavía está en el aire. ABC da voz a cinco interinos de diferentes administraciones y todos coinciden en calificar de «vergonzoso», «un engaño» y «decepcionante» el acuerdo.

Olivares no duda en señalar que estas oposiciones lo que harán es enviarles directamente a la calle. «Llevamos 20 años y deberíamos estar estabilizados, con puestos fijos. En la empresa privada se exige pasar a fijo tras cierto tiempo como temporal, pero en la Administración no se cumple», dice, para criticar que «han aprobado el decreto deprisa y corriendo» pensando en los fondos europeos. Se refiere a que acotar el abuso de la temporalidad es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas.

Generoso Macías tiene 58 años y toda su vida dedicada a los transportes. Ahora está en la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, donde lleva 15 años como interino con un solo contrato firmado. Se presentará a la oposición para al menos acceder a la indemnización, pero destaca que esto «será el mayor ERE de la historia de España». «Te obligan a presentarte, pero con mi edad, ¿a dónde voy a ir? A la exclusión social, al paro». Critica que el Gobierno no está teniendo casi en cuenta la experiencia, que es el gran valor de su gremio. «La experiencia de un sanitario con el Covid en urgencias se va a perder por volver a examinarse. Los interinos ya lo hemos demostrado todo», añade.

El valor de la experiencia

«Mi jefa no me quiere por mi memoria sino por mi experiencia, porque busco soluciones. A medida que te haces mayor tienes menos memoria pero eres más resolutiva y tiene más capacidad de gestión», señala Elisa Ramos, interina en la Consejería de Educación de la Generalitat catalana. Suma 21 años a sus espaldas en la Administración. Acudirá a la oposición, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de sacarse su plaza porque su perfil es de competencias y no de estudiar.

Ramos afirma que «el acuerdo es francamente decepcionante como trabajadora y lamentable como ciudadana. No se cumple con los requerimientos de Europa. El sentido común ya te dice que una sociedad a lo que tiene que aspirar es a tener trabajadores estables, y que la precariedad sea algo puntual». Asimismo, explica que en el sector privado se está protegido frente al abuso de la temporalidad, pero no es así en el sector público, con interinidades eternas.

Helena Hormigo, interina de 57 años del ayuntamiento de Sevilla, con 20 años de carrera pública, defiende que lo que se debería aplicar es «lo que dice la directiva europea», lo que a su juicio implica «o bien la fijeza en el puesto o bien una indemnización por el abuso» real, no como la actual de 20 días. «Con este acuerdo no se castiga el abuso sino que se castiga al interino». Incluso, señala que para las oposiciones de su puesto, en la fototeca municipal, tendrán que utilizar bibliografía de la que ella misma es autora.

A ella no le da miedo la oposición, aunque reconoce que no es ni parecido prepararse con 30 años que con 60. «He hecho el cálculo y me correspondería una indemnización de 10.000 euros con este decreto. Una vergüenza por echarnos a la calle. ¡Y tanto que habla este Gobierno de proteger al trabajador!», sostiene. En su caso, además, lo que le genera mayor rabia es que en el sentir popular de España ha calado que les van a regalar las plazas, cuando ellos entienden que será todo lo contrario, un ERE encubierto.

«El acuerdo nos afecta muy desfavorablemente; nos iremos a la calle»

«Se está jugando con el pan de nuestros hijos. Eso no lo tolero»

«Te obligan a presentarte a la oposición para acceder a la indemnización. Y con 58 años, ¿dónde voy a ir? A la exclusión social, al paro»

Francisco Sanz, de 59 años e interino en la Comunidad de Madrid, coincide con Hormigo en señalar que la indemnización no es disuasoria ni suficiente para castigar el abuso público. «Si me estás reconociendo que ha habido un fraude, no puede ser que la indemnización sea como la de un despido objetivo», comenta. Y añade que «se está jugando con el pan de nuestros hijos. Eso no lo tolero, van a ponernos en la calle».

Este trabajador interino recuerda que el coste para las distintas administraciones de este proceso de oposición no solo será la indemnización para quienes no lo superen. A ello, dice, hay que añadirle el desembolso que llegará por las prestaciones por desempleo que se pedirían.

Asimismo, destaca que la aprobación del ‘icetazo’ traerá consigo otro aluvión de demandas. Ya hay casos judicializados desde hace años en Espa