La rehabilitación de viviendas se lleva 1.631 millones sin mano de obra para ejecutarla
Las patronales alertan de la acuciante falta de trabajadores para abordar los proyectos
El Gobierno dio luz verde ayer al reparto de 1.631 millones a las comunidades para la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. El plan fue aprobado ayer en Consejo de Ministros, tal y como detalló la nueva ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior. Rodríguez adelantó que son actuaciones que las comunidades autónomas acordaron con el Ejecutivo en la Conferencia Sectorial y que vienen «a cambiar la vida y la imagen de muchas ciudades, pequeñas y medianas», además de contribuir a «mejorar notablemente la calidad de vida de los ciudadanos».
Estos recursos se dividirán en dos partidas: 1.151 millones de euros para la rehabilitación para entornos residenciales y otros 480 millones para impulsar la rehabilitación de edificios públicos. La ministra añadió que también está fijada para el bienio 2022-2023 la distribución de otros mil millones para construir 20.000 nuevas viviendas en alquiler «siempre y cuando sean viviendas sostenibles desde el punto de vista de la eficiencia energética».
Esta inversión, que forma parte del plan de recuperación al que hoy ha dado luz verde el Ecofin, «es un volumen de recursos muy importante» que se suma a los ya transferidos a las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, empiecen a ejecutar el plan de recuperación, según destacó horas antes la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Ciento ochenta mil empleos
Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este primer desembolso sirve para facilitar el desarrollo del plan de rehabilitación y regeneración urbana que prevé movilizar 6.800 millones de euros hasta 2026, con cargo a los fondos europeos. El objetivo del Ejecutivo es que estas inversiones alcancen hasta medio millón de viviendas, generen más de 180.000 puestos de trabajo y aporten al PIB más de 13.000 millones.
El grueso de las ayudas irán a parar a la rehabilitación de edificios y de entornos residenciales a nivel barrio que serán gestionados por las comunidades autónomas. De manera concreta, el pasado mes de junio el ahora antiguo ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguró que las actuaciones subvencionables en barrios podrían alcanzar hasta 24.000 euros por vivienda. Una cuantía máxima que podría llegar a estar subvencionada en un 80% «cuando existan mejoras energéticas importantes», detalló el exministro.
Así las cosas, la horquilla de las ayudas estará entre el 35 y el cien por cien del coste de las reformas. El cien por cien se podrá obtener atendiendo a criterios sociales (vulnerabilidad y riesgo de exclusión social) tanto a nivel barrio como en edificios.
En el caso de viviendas individuales, la subvención máxima alcanzará los 5.000 euros y abarcará un tope del 40% de la obra. Aunque según Transportes, los beneficiados también podrán adherirse a desgravaciones fiscales.
Pero la ambiciosa puesta en marcha enfrentará algunos riesgos que pueden retrasar su ejecución. Uno de las más desafiantes es la acuciante falta de mano de obra que enfrenta el sector de la construcción de cara a la recepción de los fondos Next Generation, tal y como denunció la semana pasada la Confederación Nacional de Construcción. Concretamente, el presidente de la patronal, Pedro Fernández, señaló que podrían hacer falta alrededor de 700.000 trabajadores más para dotar a un sector para el que calculan que podrían llegar 40.000 millones del maná europeo.
El Gobierno pretende movilizar alrededor de 6.800 millones de euros en rehabilitación de edificios y viviendas de alquiler social