El nuevo clima con el PSOE permite a la Junta aprobar tres leyes
Acuerdo para la ley del suelo y visto bueno a las de Infancia y Profesorado
nes en el área metropolitana de Córdoba con la adecuación de las estaciones de cercanías y construcción de 2 nuevas. Por último, la consejera recuerda la ministra el proyecto de la conexión por cercanías entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo en Sevilla «a la que contribuimos con el estudio informativo que hemos licitado el pasado junio», recuerda la consejera.
Entre las últimas buenas noticias del Gobierno sobre trenes andaluces destaca el inicio de los trámites para recuperar el tren Guadix - Baza y conectar Andalucía con Murcia, una reivindicación con tres décadas de historia.
Hay acuerdos con el PSOE. Y no uno solo sino varios que van a permitir al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos irse de vacaciones con la aprobación definitiva de dos leyes sociales y la tramitación de la ley del suelo (ley Lista) encarrilada, un proyecto estratégico para la Junta aunque también para los alcaldes, la mayoría de ellos del PSOE.
El Parlamento andaluz aprobará definitivamente las leyes de Infancia y de Autoridad del Profesorado, dos proyectos legislativos que se llevan meses debatiendo en la Cámara y para los que se ha logrado acuerdo dentro del nuevo clima que Juan Espadas quiere implantar en el grupo parlamentario.
La Ley de Infancia y Adolescencia, impulsada por la Consejería de Igualdad, reforma la legislación vigente desde hace 23 años y recoge el derecho al honor y, en especial, al respeto y a la protección de los niños, niñas y adolescentes; el derecho a ser oídos, y a la información de una vida saludable, a una alimentación equilibrada y nutricionalmente adecuada, con el fin de prevenir la obesidad, los trastornos alimenticios y las adicciones prestará especial atención a las situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con el fin de conseguir una igualdad de condiciones real entre los más desfavorecidos.
La Ley de Reconocimiento de la Autoridad
del Profesorado es un empeño del PP que lleva años presentando esta norma en el Parlamento sin éxito. Ahora también ha acordado muchas incorporaciones al texto normativo planteadas por el PSOE, grupo que la apoyará también con el objetivo de que esté en vigor cuando se inicie el próximo curso académico.
La norma otorga a los docentes de la comunidad autónoma la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad. Además, garantizará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado de los centros públicos.
Igualmente, el texto recoge los derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente, como el de recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los pro- fesores y el personal res- tante que presta su servicio en el centro docente, conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.
Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad. Los alumnos tendrán que responder de los desperfectos que causen en los centros escolares y sus profesores estarán protegidos de cualquier forma de hostigamiento incluido el ciberacoso.
Está por ver qué votará Vox en ambas iniciativas legislativas ya que, por el momento, se han reservado el voto en ambas normas. Pero, con el concurso del PSOE, el Gobierno andaluz no necesita del apoyo de su socio preferente en la Cámara andaluza.
Acuerdo a dos bandas
Todo lo contrario de lo que sucede con la Ley del Suelo, denominada técnicamente ley Lista (Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía). El Gobierno de Juanma Moreno sufrió un duro varapalo cuando el Parlamento tumbó el pasado 26 de mayo una de sus principales iniciativas políticas por el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos por Andalucía y la abstención de Vox a la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos.
Ahora, el Gobierno de Juanma Moreno ha negociado a dos bandas, con Vox y con el PSOE, para garantizar que la normativa, que consideran estratégica para el desarrollo de la comunidad autónoma, salga adelante.
Por el momento se inicia sólo su trámite parlamentario y el objetivo es que esté en vigor a finales de año. La norma concita cierto consenso entre PP y PSOE porque parte del texto es el que el anterior Gobierno andaluz había preparado. Las discrepancias están centradas en las medidas de protección del litoral y en la calificación del suelo rural como urbanizable.
Además, el PSOE propondrá que se cree un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para la defensa de la sanidad pública. Un foro en el que se escuchará a los colectivos profesionales y que se pretende que tenga conclusiones de obligado cumplimiento para el Gobierno andaluz. Juan Espadas se reunió ayer por la tarde con diferentes colectivos sanitarios para escuchar sus propuestas «y trasladarlas al Parlamento».