REVANCHISMO IDEOLÓGICO COMO RECLAMO ELECTORAL

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Areforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 no ha comenzado aún su trámite parlamentario y ya está generando un intenso debate jurídico y político. No era para menos. Los antecedentes del Gobierno de Pedro Sánchez obligan a estar alerta por cualquier iniciativa legal que desemboque en un aumento de los poderes directos del Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento. Es cierto que el Ejecutivo tiene a favor, objetivamente, el ambiente creado por la pandemia, cuya coyuntura aprovecha para colar una reforma que permitirá al Consejo de Ministros imponer a los ciudadanos, en sus personas o bienes, obligaciones de cooperación frente a situaciones de amenaza o catástrofe. Dicho así, el mensaje fácil es que el Gobierno quiere combatir la próxima pandemia sin trabas de derechos fundamentales y de propiedad privada. No deja de ser un discurso peligroso por su corte demagógico. Por otro lado, no admite mucha oposición que todo Ejecutivo pueda, en las circunstancias previstas por la ley, adoptar decisiones rápidas y expeditivas para afrontar situaciones de crisis. Una idea formalmente correcta, sin embargo, no siempre da buenos resultados en la práctica. Por lo pronto, ya existe en España, al amparo de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, la posibilidad de que el Gobierno ordene el estado de alarma o solicite al Parlamento el estado de excepción o sitio. Por tanto, para que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no tenga el tufo intervencionista de las manos del Gobierno tiene que explicar muy bien para qué quiere reforzar al Consejo de Ministros –es decir, en la práctica, al jefe del Gobierno– con potestades presidencialistas que ahora pueden ejercerse con control jurisdiccional, constitucional y parlamentario.

Además, el Gobierno ha aprobado un proyecto en el que no ha pulido siquiera las semejanzas de algunos de los nuevos artículos con la ley de estados de excepción vigente en la República Bolivariana de Venezuela. Es lo que sucede con el artículo 28 del proyecto, que es un precepto esencial de la reforma, cuando se compara con los artículos 17, 24 y 38.7 de la ley venezolana. Más que un paralelismo, hay una coincidencia preocupante en los términos, los conceptos y los fines de las normas. La coincidencia es de tal magnitud –ambos prevén medidas ejecutivas directas del Gobierno sobre las personas y sus bienes– que es muy difícil no ver una voluntad de plagio entre la reforma española y la

El Consejo de Ministros prevé dar hoy luz verde a su ley de ‘memoria democrática’ con unas breves correcciones sobre su texto original –inconstitucional según el CGPJ– para promover la ilegalización de entidades consideradas franquistas. De nuevo, y como siempre hace Sánchez en los momentos más débiles de su mandato, trata de resucitar la división de las dos España, y a Franco, como argumento de reclamo electoral. Y además lo hace con ese aire de ‘vendetta’ ideológica y revanchismo al que se aferra la izquierda con tal de fracturar a la sociedad. Carmen Calvo, su promotora, ya no podrá rentabilizarla porque ha sido destituida como vicepresidenta política del Gobierno. Algo no estaría haciendo bien. Pero a Sánchez, y eso se comprueba cada día, no le importa qué es constitucional o qué no. Bajo la pretensión de un adoctrinamiento masivo con demasiada hojarasca, impone una ley creada expresamente para ilegalizar la Fundación Franco. El tiempo, y los tribunales, dirán si eso es posible en una democracia en la que desde algunas instituciones se está consintiendo el enaltecimiento, por ejemplo, del terrorismo.