La Guardia Civil sigue practicando diligencias
El juez ha citado para después del verano a los alcaldes socialistas de Huévar, ya que es probable que a principios de septiembre la Guardia Civil entregue su primer atestado sobre la posible compra de votos. Los agentes se llevaron toda la documentación del Ayuntamiento para cruzar los datos de contrataciones con los del manuscrito realizado por el primer teniente de alcalde en el que se hicieron indicaciones como esta: «Vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros, no puede haber varios miembros de una familia (que no nos vota) y ninguno de otras que en teoría sí nos votan. Vamos a apoyar con contratos a chavales que nos puedan apoyar». dia Civil recibió la encomienda de hacer este trabajo, pero se encontró con una sorpresa: la mitad de los contratos habían desaparecido. La Intervención municipal explicó que esas contrataciones las gestionaba una asesoría externa y que nunca dejó las copias en el Ayuntamiento.
Por otra parte, este ‘modus operandi’ pudo haberse llevado a cabo durante años, por lo que el PP también solicita que se investigue si hubo un delito continuado, lo que eliminaría la posibilidad de la prescripción en las elecciones de hace más de una década. Por esta razón han sido citados a declarar como investigados Rafael Moreno, que fue regidor de Huévar durante 18 años y acumula una ristra de casos judiciales, y su sucesora, Áurea María Borrego, que gobernó el municipio en el anterior mandato tras años como primera teniente de alcalde. Ambos tendrán que comparecer el próximo 17 de septiembre en el juzgado para explicar si durante sus gobiernos fueron contratados los vecinos que aparecen en el manuscrito del ‘Plan 1.000’ como pago por su voto.