El texto incluye cambios en el currículum educativo y un régimen sancionador
Entre los puntos clave figura la creación de una fiscalía específica de Memoria y DDHH El Gobierno cree que la sentencia del estado de alarma sería otra si los jueces pensasen en lo peor del Covid
documento fue elaborado durante el último año por el exdepartamento de la que hasta hace dos semanas era la vicepresidenta primera del Gobierno. Atendiendo a lo previsto debería de haberse aprobado ya porque lleva listo con los informes preceptivos desde hace semanas. Sin embargo, el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sucesor de Calvo en el departamento de Presidencia, quiso retrasarlo para revisar el contenido. Bolaños es jurista y ya había trabajado con Calvo en muchos aspectos de la Ley de Memoria Democrática. Su papel fue determinante para la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, así como para el traslado de sus restos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. El proyecto de ley prevé suspender la Fundación Valle de los Caídos, la expulsión de los frailes que gestionan ese espacio y continuar con las exhumaciones en las criptas del monumento.
El proyecto de ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros de Ley de Memoria Democrática prevé, entre otras cosas, modificaciones en el currículum educativo, declarar nulos de pleno derecho los juicios franquistas, resignificar el Valle de los Caídos como un cementerio civil, financiar exhumaciones y un régimen sancionador. El proyecto de ley deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados y después por el Senado, que pueden introducir cambios vía enmiendas. Pero estos son algunos contenidos del texto que será remitido hoy a la Cámara Baja:
El Ejecutivo pretende resignificar el Valle de los Caídos como un cementerio civil, algo que impediría la presencia en él de la comunidad benedictina. Se considerará disuelta, si se aprueba la ley, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Si la ley termina viendo la luz, se declararán nulas de pleno derecho todas las resoluciones y condenas dictadas «por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos». Con esto podría anularse el juicio al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, una reclamación tradicional del nacionalismo catalán.
El Gobierno no oculta su malestar con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la semana pasada declaró inconstitucional parte del primer estado de alarma decretado para contener la extensión del coronavirus. Ayer fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien deslegitimó el fallo al afirmar: «Quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta» de marzo del año pasado.
En declaraciones a la Ser recogidas por Ep, Rodríguez se unió así a Pilar Llop, Margarita Robles e Ione Belarra, que en mayor o menor grado pusieron en tela de juicio la sentencia del TC incluso antes de conocerse su argumentación. Moncloa persiste así en su presión al Poder Judicial y critica que el Constitucional no actuase teniendo en cuenta que en aquellos momentos «no había tiempo de debate». «Creo que el Gobierno actuó con prudencia, con proporcionalidad y de forma garantista», dijo su portavoz. Pero lo cierto es, según dictaminó el TC, que el Ejecutivo suspendió derechos, no los limitó, por lo que debió aplicar un estado de excepción y no uno de alarma.
Rodríguez admitió que «estaría bien» aunar doctrina y que «hubiera consenso para las restricciones», para evitar que unos tribunales avalen el toque de queda y otros no. Edmundo Bal, de Cs, solicitó el año pasado que se legislase para que sea la Audiencia Nacional quien decida sobre las restricciones sin estado de alarma, pero no se hizo. El Gobierno insiste en que las comunidades tienen «herramientas» frente a la quinta ola.