El Gobierno oculta el coste de los vuelos del presidente en los Super Puma
El Ejecutivo justifica al PP que el gasto no se puede disociar del presupuesto ordinario
Los desplazamientos de Pedro Sánchez en los helicópteros AS 332 Super Puma del Ejército del Aire se sufragan «con cargo al presupuesto ordinario, sin que se pueda disociar el coste de una actividad o desplazamiento concreto del cómputo general». Esa es la respuesta que ofreció el Gobierno al Partido Popular (PP) el pasado día 8, después de que esta formación le preguntase en el Senado cuál es el coste económico de una hora de vuelo y el precio de una hora de combustible.
La respuesta del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso ABC, es muy escueta, de apenas dos párrafos, y en absoluto aclara la información solicitada por el principal partido de la oposición. Los senadores Teresa Ruiz-Sillero y Rodrigo Mediavilla preguntaron el pasado mes de junio por esta cuestión, pero el Gobierno no ofreció detalle alguno.
«Se informa a sus señorías, en relación con la pregunta formulada, que la misión del 402 Escuadrón del Ejército del Aire, dotado de helicópteros AS 332 Super Puma, es el transporte de autoridades, como parte de la acción del Estado», responde el Gobierno, que añade: «Al igual que en otras unidades de las Fuerzas Armadas, su actividad se sufraga con cargo al presupuesto ordinario, sin que se pueda disociar el coste de una actividad o desplazamiento concreto del cómputo general». Esta semana, ante la vaguedad e inconcreción de la réplica, Ruiz-Sillero y Mediavilla han registrado en el Senado un escrito de disconformidad. Exigen al Gobierno que den «una contestación efectiva» a lo requerido y no dan por satisfecha su pregunta. No es ni mucho menos la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene problemas con la transparencia, como ha informado reiteradas veces ABC.
La Constitución establece en su artículo 109 que tanto el Congreso como el Senado podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas». En caso contrario, según establecen los reglamentos parlamentarios, el Ejecutivo debe «trasladar las razones fundadas en derecho que lo impidan». Algo que no parece cumplirse en la respuesta.
A la espera de la Justicia
Moncloa ya evitó concretar las alertas que recibió sobre el Covid-19 antes de declarar el estado de alarma, o publicar los informes de la Abogacía del Estado
para defender que no tenía cabida en la legislación el plan B contra la pandemia que exigía la oposición –este último asunto lo estudia el Supremo, tras un recurso que presentó Vox–. Asimismo,
Sánchez recurrió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la sentencia que le obliga a informar de sus viajes privados en el Falcon. Sigue a la espera.