Bruselas autoriza el fondo español de 1.000 millones para ayudas a empresas
El dinero será transformado en deuda subordinada de las compañías
cias de que se implante la contrarreforma laboral que pretende llevar a cabo antes de que termine el año. «Los mensajes permanente de la ministra de Trabajo indicando que pretende legislar mirando al siglo XIX están generando más incertidumbre entre los empresarios y eso está frenando la contratación».
«De hecho, no es cierto que hayamos recuperado el número de trabajadores previo a la crisis del Covid. Desde el momento anterior a la pandemia, el paro registrado ha aumentado en 368.292 parados más. Pero además, aún hay 459.544 personas en ERTE, que cada día que pasa es más difícil que puedan abandonar esta situación. Por lo tanto, en este momento hay 827.836 personas (entre parados y afectados por ERTE) que antes trabajaban y ahora no lo hacen», continúa Aranda.
Explica que frente a esta situación, la ministra Díaz pretende apuntalar los empleos con el BOE, prohibiendo los despidos y eliminando los contratos temporales, olvidando que los puestos de trabajo los generan las empresas en un marco de libertad de gestión. Los empresarios en este momento ya tenemos bastantes problemas e incertidumbres, pero la ministra los está multiplicando», asegura.
Para Aranda la clave está en mirar a Europa y copiar las fórmulas de éxito. «Es muy revelador el hecho de que la contratación acumulada en los cinco primeros meses de este año solo se ha incrementado un 18,08% respecto al mismo periodo de 2020, pese a que en aquel periodo se produjo un cierre total de nuestra economía. Es fundamental abandonar cuanto antes la política ideológica del Ministerio de Trabajo basada en la rigidez porque eso va a seguir paralizando la recuperación del empleo. Es necesario legislar en la vía de la flexibilidad, como hace el resto de Europa, que tiene la mitad de paro y temporalidad que tenemos en España», concluye.
La ministra aprieta
El camino de Díaz es inverso y alejado de la flexibilidad. La vicepresidenta económica sigue su hoja de ruta para derogar la reforma de 2012, una norma que recibió las bendiciones de Bruselas. La ministra ha emprendido una carrera en solitario en el Gobierno, lejos de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que no ve con buenos ojos su «revolución laboral» y más cercana a las tesis de la CEOE, que no firmará cambios que introduzcan rigidez en el mercado de trabajo.
Yolanda Díaz sigue apretando y ha presentado una última propuesta a la mesa de negociación que endurece las facilidades que hoy tienen las empresas para cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, también quiere recuperar la ultraactividad y acabar con la superioridad del convenio de empresa, además de emprender una drástica reforma de la contratación temporal que, en la práctica, supondría su práctica eliminación.
La Comisión Europea autorizó ayer el plan del Gobierno español para ayudar a las empresas con problemas de liquidez, para que estas no entren en conflicto con las reglas sobre ayudas de Estado. La vicepresidenta de la Comisión, encargada de la cartera de Competencia, Margrethe Vestager, señaló al autorizar esta operación que «el régimen de recapitalización de 1.000 millones de euros permitirá que España preste apoyo a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, facilitando su acceso a la financiación en estos difíciles tiempos. Seguimos trabajando en estrecha cooperación con los Estados miembros para encontrar soluciones viables que mitiguen el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus y sean acordes con la normativa europea sobre ayudas estatales».
El Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por COVID fue aprobado por el Gobierno español el pasado 12 de marzo y el Consejo de Ministros del pasado día 15 de junio dio luz verde al desarrollo normativo del fondo, umbrales de elegibilidad, instrumentos y condiciones de financiación. No se puede decir que el Gobierno se haya dado mucha prisa para poner en marcha este plan de ayuda a empresas de todos los sectores, excepto el financiero.
Según el diseño de este mecanismo de ayuda hecho por el Gobierno, las ayudas tomarán la forma de instrumentos de deuda y recapitalización, especialmente instrumentos de capital e híbridos. La medida estará abierta a cualquier empresa legalmente establecida en España (de otro modo se discriminaría a las empresas de los demás países del mercado único y no se podrían autorizar esas ayudas) cuyos ingresos netos totales oscilen entre 15 millones y 400 millones de euros y que atraviesen problemas de capital debido a la pandemia de coronavirus. Las empresas que hayan recibido ya ayudas directas, a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas aprobado por la Comisión en julio de 2020, no podrán acogerse a este nuevo régimen.
La Comisión ha advertido de todos modos que puesto que se trata de ayudas en forma de instrumentos de deuda subordinada, cuando la intervención del Fondo de Recapitalización supere el volumen de negocios y masa salarial de los solicitantes, la ayuda deberá cumplir íntegramente las condiciones adicionales establecidas por Bruselas en sus normas de recapitalización.
Para poder beneficiarse de esta medida, las empresas deberán demostrar que eran solventes antes de la pandemia. La Comisión ha establecido que solo podrán acogerse a este régimen de financiación las empresas que puedan decir que no estaban en dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019, para evitar que esas ayudas públicas no sirvan para apoyar a compañías cuyas dificultades no tienen que ver con la pandemia sino que se trata de otro tipo de dificultades.
Proporcionada
Según el comunicado de la Comisión Europea, se considera que en estas condiciones, «la medida es necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación en la economía española» y, por ello, la exime de cumplir las rígidas reglas de las ayudas de Estado.
La semana pasada, representantes de COFIDES se reunieron con la CEOE para ayudar a dar a conocer este mecanismo de financiación, que de todos modos el Gobierno ha tardado más de cuatro meses en poner en marcha. Todo ello, en la línea de lo que ha sido una actitud bastante lenta a la hora de gestionar las ayudas de emergencia que la UE ha puesto en manos de los países miembros para tratar de contrarrestar los efecto de la pandemia en la economía.
El vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández de Mesa insistió en que este paquete de ayudas resulta fundamental y «es muy importante que funcione y llegue a las empresas que realmente lo necesitan».
La Comisión intenta también evitar que algunas empresas europeas, que tienen carácter estratégico o que son importantes para el tejido industrial en determinado sector, puedan ser compradas por sus competidores chinos, aprovechando esta situación de debilidad. Lo que a su juicio hace más necesarias este tipo de ayudas públicas en estos momentos.
«Díaz pretende apuntalar el empleo con el BOE, pero olvida que son las empresas las que lo crean», avisa Francisco Aranda (UNO)