La memoria
La Memoria Histórica, ahora Memoria Democrática, vuelve a estar en el candelero. Creo que nadie sensato y mínimamente sensible se opondría a que los descendientes de los martirizados por el régimen de Franco puedan recuperar los restos de sus antepasados, y que además sean ayudados a ello por el Estado. El problema surge cuando una Ley de Memoria, además de reivindicar los méritos, honores y derechos de los que perdieron una guerra, pretende agraviar a los vencedores, e incluso a los que durante los 40 años del régimen vencedor sirvieron honradamente al Estado —es decir a la Nación y a sus ciudadanos— que durante ese par de generaciones fue dirigido por ese régimen. Seguramente los vencedores cometieron tremendas barbaridades, durante y después de la propia guerra; los perdedores no tuvieron ocasión de cometerlas tras su derrota. Normalmente el vencedor de una guerra es el que más barbaridades comete; si no, no la ganaría. Hoy, en España, nadie aspira a reinstaurar el régimen de Franco, por lo que lo más sensato es dejar estar lo que ya es sólo historia, con sus luces y sus sombras.
El Consejo de Ministros ha aprobado su más abyecta, totalitaria y aberrante Ley, la de Memoria Democrática, con la que pretende acabar con la libertad de expresión, asociación y cátedra de todos aquellos ciudadanos que tengan una visión de la Guerra Civil y la dictadura franquista distinta a la interesada versión oficial de la izquierda. Bajo la acusación de ‘apología del franquismo’, el Ejecutivo socialcomunista pretende castigar con duras sanciones a quienes osen elogiar en todo o en parte al régimen del general Franco o a quienes rechacen la indecente patraña de que en la Guerra Civil se enfrentaron un bando partidario de la libertad y la democracia —el republicano— y otro, el nacional, partidario y promotor de todo lo contrario. Cuando la realidad es otra muy distinta, pues media España se alzó contra el régimen criminal de la II República.
Con esta ley, el Gobierno de Pedro Sánchez, líder orgulloso del partido golpista y guerracivilista trágicamente responsable del colapso de la II República y el estallido del conflicto fratricida, y sus socios comunistas, igualmente orgullosos de un pasado tan execrable, pretende, además, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y hasta se plantea la barbaridad de demoler la gran Cruz que preside el Valle de los
Caídos, despreciando el informe del Consejo General del Poder Judicial que tan claramente le advirtió de que su proyecto vulneraba las libertades ideológica, de expresión y de reunión.
Una ley que pretende dictar qué es lo que se debe recordar es una ley que pretende dictar lo que se debe pensar: puro totalitarismo, por mucho que se disfrace de ejercicio democrático.