El PSOE ancla al edil de Almonte imputado mientras se deshace el Gobierno local
Alega no tener el auto de apertura de juicio para aplicar el código ético al concejal
realmente efectivos. ¿Es una manera de reducir su impacto? Es posible. Lo que sí parece claro es que estos movimientos terminarán ahí. O eso es lo que diversas fuentes de Ciudadanos confirman a ABC.
La situación delicada que vive el partido naranja en toda España ha puesto el foco en el grupo parlamentario en Andalucía. Los 21 diputados que lograron en las últimas elecciones autonómicas son claves para mantener la estabilidad del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, por lo que la salida o abandono de algunos de ellos hacia el grupo de no adscritos podría suponer un grave quebradero de cabeza. El Gobierno andaluz cuenta con 47 diputados (26 del PP y 21 de Ciudadanos) por lo que necesita a los 11 de Vox (también tiene a una no adscrita) para sacar adelante sus iniciativas, ya que es un Gobierno en minoría. Cualquier alteración de esta aritmética sería un grave problema ya que el Parlamento cuenta con 109 escaños y la mayoría absoluta son 55.
Así, el baile de tres escaños provocaría un adelanto electoral que Juanma Moreno no quiere activar. Prefiere esperar varios meses a que se venza definitivamente la pandemia y se note la recuperación económica. En Ciudadanos hay algunos diputados enfrentados abiertamente con Juan Marín y la dirección de Inés Arrimadas (Javier Pareja de Málaga, Raúl Fernández Asensio y María del Mar Sánchez, de Granada, y Mar Hormigo, de Sevilla) si bien no se prevé que pidan su salida del partido por más que haya diferencias irreconciliables.
Ciudadanos es el último partido en renovar la dirección del grupo parlamentario, tras los cambios profundos que se han vivido en el PSOE y Adelante Andalucía, además del relevo en Vox. De hecho, algunas fuentes aseguraban que estos perfiles acercan más al partido naranja a los socialistas que a los populares.
Ni la gestora que dirige el PSOE de Huelva desde el pasado otoño ni la nueva dirección socialista andaluza han movido ficha para cesar - en cumplimiento de los estatutos de la formación - al teniente de alcalde de Almonte y concejal de Urbanismo, José Miguel Espina, que espera juicio por el «caso Asperillo», como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de daños a un espacio natural. El edil, que se está posicionando como próximo candidato socialista a la Alcaldía, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación para cargo público.
Según ha confirmado ABC por fuentes judiciales, el auto de apertura de juicio oral por el caso – en el que están acusados también dos empresarios-por las obras realizadas en el entorno de Doñana para abrir un camino en los acantilados del Médano del Asperillo, salió hace mes y medio (el 11 de junio) del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Palma del Condado en dirección a la Audiencia Provincial.
Sin noticias
Tanto el concejal acusado como el PSOE justifican el mantenimiento de Espina en su cargo como miembro del Gobierno almonteño en base a la ausencia de notificación judicial, sin concretar de qué resolución se trata. El auto de apertura de juicio se dictó por el instructor después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado presentaran sus respectivos escritos de acusación y, de hecho, según indicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las defensas del concejal de Urbanismo y de los empresarios se encuentran en plazo para la presentación de sus correspondientes escritos.
En los últimos días, primero la coordinadora general de la Gestora del PSOE onubense, María Luisa Faneca, y después el portavoz de Presidencia del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, han repetido como una letanía que Espina “no tiene ninguna comunicación personal”. Este diario además ha intentado contactar con el concejal acusado para conocer su versión.
Mientras, el gobierno local de Almonte que lidera la alcaldesa Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia, con dos concejales), se desmorona a raíz del trámite judicial que coloca a Espina a la espera de que se fije fecha para la celebración de juicio por la Audiencia Provincial, que el mismo instructor señala como órgano competente para el enjuiciamiento.
Equipo de gobierno
El equipo de gobierno lo forman además seis ediles del PSOE (Espina incluido) y tres concejalas del PP, que anunciaron que no acudirían a los plenos hasta que se le retiraran las competencias al teniente de alcalde acusado, que presentó un escrito en el PSOE por el que se ponía a disposición del partido.
En este tiempo, la alcaldesa no le ha retirado las competencias a Espina y ha cesado, esta misma semana, a las ediles populares. «Las competencias se las he retirado cautelarmente para no bloquear la gestión del Ayuntamiento de Almonte, porque estas concejales hace ya más de diez días que no están cumpliendo con sus obligaciones, no están viniendo a las reuniones a las que se les convoca desde la Alcaldía, no están viniendo a la Junta de Gobierno Local, y lo más grave, lo último, es que no vinieron al Pleno», dijo la regidora.
Desde la oposición, el grupo Ilusiona – que ganó las elecciones con nueve concejales-, encabezado por el que fuera alcalde de Almonte con el PSOE, Francisco Bella, observa movimientos. Bella está también a la espera de sentencia de un juzgado de Huelva por el caso del robo del agua en Doñana, como cooperador necesario en las extracciones ilegales de agua, junto con otro ex alcalde del PP.