LAS FIANZAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Los líderes del ‘procés’ evitan los embargos hasta el lunes ∑Ninguno de los 34 ex altos cargos del Govern que responden por los 5,4 millones presentó las fianzas ∑El Instituto Catalán de Finanzas avala con dinero público de la Generalitat a 29 de los im
Dos días hábiles desde la notificación, es decir hasta la medianoche del lunes al martes próximos. Ese es el plazo que la instructora delegada del Tribunal de Cuentas (TdC) en la causa que investiga el presunto gasto indebido de la acción exterior del ‘procés’ entre 2011 y 2017, Esperanza García, dio ayer a los 34 ex altos cargos del Govern, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que tenían de plazo hasta el miércoles para depositar los 5,4 millones de euros de fianza. Solo 4 de los 34 presentaron a tiempo algún tipo de documentación. Otros 29 se acogieron al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), pero no llegaron a tiempo. No se tiene noticias de uno de los implicados.
Fuentes del TdC informaron de que la delegada instructora, tras estar repasando la documentación recibida toda la mañana de ayer, decidió prorrogar el plazo de consignación de las fianzas –que son solidarias en función de las responsabilidades y el tiempo ejercido en el cargo público– ya que los escritos presentados constituían solo un anuncio pero no iban acompañados de los avales exigidos. Dos días hábiles más, por lo tanto, para presentar los títulos ejecutivos, según recoge el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y poder hacer efectiva la medida de afianzamiento. El nuevo plazo es improrrogable. Al fin y al cabo, esta decisión es una medida cautelar hasta que haya sentencia firme, y, por lo tanto, «no significa que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, sino que es una medida cautelar cuyo objetivo es garantizar que, tras una futura sentencia condenatoria, sean reintegrados los perjuicios que se han producido en los fondos públicos».
En cualquier caso, el paso dado por la dirección del ICF, el miércoles, solo seguía las órdenes del Govern, que el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, anunció ese mismo día por la mañana, en un cambio de opinión respecto a lo manifestado solo 24 horas antes. Una decisión adoptada tras la negativa de los bancos y entidades financieras privadas, que rechazaron participar en la operación pantalla. De esta manera, el ICF se convierte en avalista y gestor de un fondo público cuyo dinero se dedicará a dar cobertura a unos responsables contables que, si así lo decide el TdC, deberán devolver 5,4 millones, supuestamente mal gastados, a la Generalitat.
Es decir, la Generalitat, que es parte perjudicada aunque no lo reconoce ante el TdC en este proceso, actúa de avalista para algunos de los ex altos cargos autonómicos que podrían acabar por tener que devolver el dinero a las arcas públicas. La operación, irregular aparentemente, según algunos expertos y, por lo menos, Vox –que presentó hace unos días una querella contra los responsables del Govern– y Cs –que ayer registró ante la Fiscalía del TdC la petición para que el Ministerio Fiscal se oponga a la validez de los avales del ICF–, se agravó el martes cuando Giró remitió una carta al TdC para pedirle más tiempo para los acusados y, así, que estos recaudasen el dinero exigido mediante el mecanismo creado por el Govern gracias al decreto-ley
Cuatro de los presuntos responsables contables presentaron algún tipo de documentación a tiempo, pero no títulos ejecutivos