Desde el miércoles por la tarde, el ICF trabajó para acelerar la vía con la que avalar con dinero público a los ex miembros del Govern
Será, entonces, a partir del lunes, cuando la instructora decida si los avales presentados son aceptados. En el punto de mira político, sobre todo, de los 29 de los 34 implicados, que se acogieron a la operación establecida por la Generalitat a través del ICF. El miércoles por la tarde-noche, la Junta de Gobierno del ICF dio luz verde a que sea este organismo público el que avale, con el dinero transferido por el Govern al Fondo Complementario de Riesgos (FCR), que cuenta con un depósito de 10 millones de euros, la operación de afianzar los 5,4 millones que reclama el TdC. El visto bueno, sin embargo, se dio muy tarde, sin tiempo a tramitar los avales el mismo miércoles.
Perjudicada y defensora
Fue ayer por la mañana cuando desde el ICF se formalizaron los avales individuales ante notario y los abogados de los 29 beneficiarios, encargados, a su vez, de entregarlos al TdC, según confirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda a ABC. Sin embargo, según fuentes del TdC tampoco llegaron los 29 ayer y, en todo caso, según la instructora, la documentación que se remitió no era más que un anuncio. Está previsto, eso sí, que los abogados entreguen los avales del ICF dentro del nuevo plazo prorrogado.
Con todo, si el lunes como muy tarde no se han consignado los avales de los 34 ex altos cargos del Govern –tanto los que van con el sello del ICF como el resto– o se rechazan por parte de la instructora del caso, el TdC iniciará el proceso del probable embargo de bienes particulares (tal y como recoge el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) hasta cubrir los 5,4 millones de euros que constan en la liquidación provisional en esta fase de instrucción.
Este proceso de embargo, si llega a darse, no impide a los encausados poder presentar otros avales o fianzas, por lo que, recordaron ayer desde el órgano fiscalizador, «tras estudiarlos, por parte de la instructora delegada, puede aceptarlos y no ejecutar el embargo».