Acción exterior del ‘procés’

En este proceso, el TdC reclama como fianza 5,4 millones por el supuesto gasto indebido por la acción en el extranjero para el ‘procés’ entre 2011 y 2017, de ahí que afecte a varios gobiernos. aprobado el 6 de julio por el que se crea el FCR con 10 millones de euros. La Generalitat, perjudicada en la causa, actuando de abogada defensora y avalista de los implicados.

«Ningún motivo»

El siguiente paso será, tras el plazo de dos días hábiles de la instructora, saber si los avales del ICF son aceptados. Ayer, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, no veía «ningún motivo» por el que el TdC podía denegarlos y centró la defensa de la operación en el decreto-ley, en lugar del uso que se hacía de él. «Es un decreto sólido jurídicamente», añadió.

Igualmente, todo indica que la decisión que adopte la delegada instructora será recurrida por alguna de las partes que están en la causa, bien las defensas y la Generalitat –si no se aceptan los avales– o bien las acusaciones –si se acepta el dinero público como fianza–, al margen de lo que haga la Fiscalía, por lo que tendría que pronunciarse la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. De todos modos, estas hipotéticas impugnaciones no frenarían el inicio de un posible embargo de bienes personales para los que de los 34 implicados no hubieran podido acreditar el dinero que se les pide: 5,4 millones de euros de forma solidaria.