Aguirre reclama al Gobierno que desarrolle una Ley de Pandemia
Sanidad ofrece su servicio jurídico para defender las medidas en residencias
Andalucía reiteró ayer en el Consejo Interterritorial de Salud una petición al Gobierno para que emprenda un reforma de la Ley de Salud Pública o proponga una Ley específica de Pandemias para encarar futuras olas del coronavirus u otras emergencias sanitarias a fin de evitar encontronazos con la Justicia por la adopción de medidas extraordinarias de salud pública, como los sucedidos a cuenta del establecimiento de toques de queda en localidades con alta incidencia, con la norma de solicitar pasaporte Covid en establecimientos de ocio nocturno o , más recientemente, con las medidas de control de contagios en las residencias de mayores.
El consejero expuso ayer al resto de dirigentes sanitarios y a la ministra Carolina Darias la reciente suspensión cautelar por parte del TSJA de la norma que exige la realización de pruebas diagnósticas periódicas al personal de residencias de mayores y centros sociosanitarios que en caso de profesionales no vacunados se ordena realizar dos veces por semana.
El Ministerio de Sanidad ha ofrecido sus servicios jurídicos para defender la necesidad de aplicar este tipo de medidas a fin de evitar brotes en estos centros de alto riesgo.
Antes de la reunión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía públicamente a las autoridades judiciales y al Gobierno que den «un marco legal suficiente» para poder tener «instrumentos a la hora de actuar» con esos trabajadores de residencias de mayores o sociosanitarios que se niegan a vacunarse.
Moreno recordó que la Administración no puede obligar a una persona a vacunarse, por lo que pide al TSJA que se pueda «al menos obligar a que se tengan que hacer un chequeo diario, una prueba diagnóstica todos los días que van a trabajar». El presidente recordó que Francia ya se ha planteado un norma que obliga a vacunarse a estos profesionales.
«Nos dicen muchos directores de residencias que nos encontramos con una situación imposible, con personas que no se quieren vacunar, evidentemente no se pueden despedir, no se pueden trasladar de trabajo y no se quieren hacer una prueba directa todos los días, pero que sin embargo están tratando directamente con las personas mayores», explicó Moreno ante el aumento de casos en mayores vacunados residentes en el último mes.
«Las residencias están muy blindadas, todos los mayores están vacunados, pero si por allí transitan personas no vacunadas se puede crear un problema», ha incidido el presidente de la Junta.
La Consejería de Salud y Familias va a hacer también un diagnóstico permanente de cero-prevalencia para comprobar si hiciera falta poner una tercera dosis adicional en personas con inmunosupresión comprometida tras el visto bueno dado ayer por el Ministerio de Sanidad.
Las pruebas obligatorias al personal no vacunado de residencias y centros sociosanitarios siguen a la espera de un auto del TSJA