El Gobierno andaluz echa un pulso a Sánchez para que abarate la luz
El PP lleva a la Cámara andaluza el «descontrol energético», mientras el PSOE apoya a Sánchez
El precio de la luz no encuentra techo, la bombona de butano está más cara que nunca y llenar el depósito del coche cuesta 14 euros más que el pasado verano. El golpe lo está acusando los bolsillos de las familias y las cuentas de las empresas y servicios públicos como la sanidad o la educación, que tienen un elevado consumo energético. La Junta de Andalucía mete presión al Ejecutivo central para abaratar el precio de la luz. Por segundo día consecutivo, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que reduzca los impuestos estatales asociados al recibo que, asegura, representan el 45% de la factura que se paga. En la Junta temen que el ‘tarifazo’ diluya los beneficios de las empresas y la recuperación económica.
El Gobierno aprobó en junio una bajada temporal del IVA en la factura de la luz, que pasó del 21% al 10%. También suspendió el impuesto a la generación eléctrica, un gravamen del 7% que pagan las compañías. Sin embargo, no tocó el impuesto de electricidad, que también se paga en la factura y alcanza el 5,1%. Aparte de la electricidad consumida, en el recibo se abonan otros peajes y cargos, como los costes asociados a las redes de transporte y distribución.
El también consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior insistió en el Ejecutivo nacional «tiene capacidad de reducir esa factura de la luz reduciendo impuestos». Tirando de hemeroteca, Bendodo recordó que el actual presidente, Pedro Sánchez, llegó a pedir la dimisión de Mariano Rajoy (expresidente del Gobierno del PP) por una subida de la luz del 8 por ciento, de manera que ahora hay que preguntarse qué tendríamos que hacer ante una subida del precio del 195 por ciento con el Ejecutivo socialista. Por ello, le pidió que deje «de marear la perdiz» y baje los impuestos de una vez, porque el 45 por ciento de la factura de la luz son impuestos del Estado.
La escalada del precio de la luz llega de nuevo al Parlamento. El portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto, puso ayer el foco en las consecuencias de este desbocado incremento del precio para la propia Junta.
«El descontrol sobre el coste energético por parte del Gobierno de Pedro Sánchez va a poner en riesgo los servicios públicos, la salida de la crisis económica tras los efectos del Covid-19 y la propia economía de las familias», advirtió ayer el diputado autonómico en una rueda de prensa coincidiendo con la reanudación de la actividad parlamentaria.
A falta de que recabe los datos que ha solicitado a las distintas consejerías de la Junta, Nieto alertó de que hospitales y colegios, que tienen un elevado consumo energético, van a notar este incremento del coste. Una subida del 30% «provoca un importante desequilibrio en la sostenibilidad de estos servicios», apostilló.
A la subida del recibo de la luz, Nieto sumó el incremento de los precios de los combustibles y su impacto en la inflación. «Pasar de un 1,5 a un 3,7% desajusta todas las cuentas públicas con el consiguiente riesgo que eso conlleva para los servicios que dan las administraciones, afectando también a los presupuestos autonómicas, a los presupuestos del Estado y a las hipotecas».
Los populares van a llevar una nueva iniciativa al Parlamento andaluz para exigir que se simplifique la factura de la luz y que se reduzcan impuestos
Bendodo recuerda que Sánchez pidió el cese de Rajoy tras encarecerse la luz un 8%: «¿Qué hacer ahora que sube un 195%?»
asociados al transporte o la producción de energía. Dicha proposición no de ley se debatirá en el próximo pleno del Parlamento, a mediados de septiembre. La iniciativa va a poner a los socialistas ante la tesitura de apoyar una rebaja que alivie la factura a las familias o ponerse del lado del Gobierno del PSOE y Podemos.
Confrontación
Ante esta disyuntiva, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, reprochó a los populares que quieran «confrontar políticamente» con el Gobierno con este tipo de iniciativas parlamentarias, y defendió que desde Moncloa «están haciendo todo lo posible para solucionar este problema».
El PP «podría haber hecho cuando gobernaba en España lo que ahora reclama a modo de iniciativa parlamentaria», dijo esta diputada, quien alegó la revisión de este sistema que «no es justo» excede «de la competencia del Gobierno de España».