El gobierno paralelo de Puigdemont en Waterloo se tambalea tres años después
La ‘Generalitat en el exilio’ del expresidente languidece entre la falta de socios y las deserciones
El plan del expresidente catalán Carles Puigdemont para vestir de institucionalidad su huida a Waterloo (Bélgica) ha encajado esta semana un duro golpe, el enésimo. Clara Ponsatí, consejera de la Generalitat durante el 1-O y actual eurodiputada de Junts, anunció el martes que dejaba el Consell de la República, el gobierno paralelo erigido por el líder posconvergente en tierras belgas en 2018. Ponsatí, alineada con el sector duro del soberanismo catalán, dio portazo a la entidad entre críticas por su politización y su lógica «autonómica».
«Lamento que un instrumento como el Consell, que podría ser útil para retomar la vía hacia la independencia y hacer efectivo el mandato del 1-O, opere supeditado a las dinámicas de la política y los gobiernos autonómicos», explicó la exconsejera, quien formaba parte del órgano de dirección de la entidad aunque, afirmó, no participaba en sus decisiones desde diciembre de 2020. La eurodiputada añadió que tenía pensado dejar la cúpula del Consell
desde hacía tiempo, aunque había postergado el anuncio hasta que este celebrara sus elecciones internas. «Ante los reiterados retrasos en esta convocatoria (...) creo que tengo el deber de informar sobre esta situación», zanjó en un breve comunicado.
Fuentes del Consell consultadas por ABC negaron ayer que el adiós de Ponsatí pueda significar una estocada para el proyecto. «Sí, nos sorprendió, pero seguimos adelante», apuntaron antes de señalar que la exconsejera ha dejado la cúpula pero no ha dicho que deje de ser miembro de la entidad. «El proyecto está súper vivo», agregaron antes de destacar que a pesar de que la baja de la eurodiputada ha generado «mucho ruido» en las redes, apenas una veintena de personas han seguido sus pasos abandonando también la entidad en las últimas horas.
La renuncia de Ponsatí –que siempre ha actuado como un verso libre, aunque manteniendo su cercanía con Puigdemont– supone en cualquier caso otro golpe para un proyecto que nunca ha acabado de despegar por completo. De hecho, aunque en su lanzamiento la iniciativa aspiraba a ser casi una ‘Generalitat en el exilio’ pensada para pilotar el independentismo tras la destitución del Govern en 2017 con el 155, nunca ha tenido una utilidad clara. Puigdemont soñaba con sumar un millón de adeptos en pocos meses (previo pago de 10 euros), pero con el tiempo estas expectativas se han recortado y hoy el Consell apenas cuenta con casi 100.000 miembros, una cifra estancada desde hace meses a pesar de los intentos de captar nuevos socios con inventos como el lanzamiento de un curioso ‘DNI republicano’ con código QR y escasas aplicaciones más allá de algunos descuentos en web y negocios afines.
Marginado por ERC y la CUP
Otro de los problemas que ha arrastrado el ‘Consell’ desde sus inicios es su vinculación directa al expresidente y, por extensión, a Junts per Catalunya, algo que ha alejado a ERC o la CUP de esta entidad adscrita al derecho belga. Los republicanos siempre se han mantenido muy distantes de una iniciativa que, además, fue uno de los elementos que más bloqueó las negociaciones de Junts y Esquerra tras las elecciones del 14 de febrero y casi arrastró Cataluña a una repetición electoral esta primavera. En ese momento, Puigdemont quería que su entidad capitaneara desde Waterloo la estrategia ‘indepe’, dejando a Pere Aragonès como un mero administrador de la Generalitat autonómica, algo a lo que ERC se cerró en banda.
También las entidades soberanistas mayoritarias –Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC)– ven en el Consell un competidor prescindible. Esta desconfianza quedó patente cuando la entidad lanzó sus ‘consejos locales’, una suerte de órganos territoriales que ambas organizaciones vieron como un nuevo reclamo para unas bases ya muy fragmentadas y hasta enfrentadas entre partidos, entidades y organismos anónimos como los CDR.
Por otra parte, el abandono de Ponsatí llega en un momento delicado en el que el Consell preparaba su último intento para reflotar el proyecto y prepararse como alternativa por si fracasa la negociación de la denominada mesa de diálogo. Para ello, la entidad celebrará unas elecciones internas con las que constituirá una asamblea que, a su vez, votará el gobierno y el presidente del Consell. Estos comicios, que han sufrido varios aplazamientos en los últimos tiempos, tendrán lugar finalmente a finales de octubre y estarán abiertos tanto a las personas anónimas como a los cargos públicos catalanes. «La asamblea tendrá 121 miembros, 81 personas de base y 40 cargos electos. Habrá circunscripciones en Cataluña, pero también en Valencia, las Baleares, Europa y el Mundo», expresó un portavoz de la entidad a ABC. Desde la entidad defienden que este paso es «imprescindible» para preparar el próximo «embate» al Estado cuando fracase la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, en la que no confían.
Según ha podido conocer este diario, el plan del Consell es convocar oficialmente sus elecciones el 19 de septiembre, pocos días después de la citada mesa. Luego, los interesados tendrá dos semanas para proponer sus candidaturas aunque por ahora ningún nombre se ha mostrado su disposición, ni siquiera los ‘electos’ –diputados, senadores o ediles– del partido de Puigdemont. A partir de ese momento, empezará una campaña electoral ‘sui generis’ que acabará con las votaciones telemáticas del 29 al 31 de octubre. El 18 de noviembre debería estar formada la Asamblea que, a su vez, votará al nuevo presidente del Consell quien, previsiblemente, seguirá siendo Puigdemont. Muchas vueltas para que, al frente de todo, siga el mismo hombre.