ABC (Sevilla)

El PSOE justifica eliminar al Rey de los títulos universita­rios: «No se aborda en la ley»

El partido dice que los profesores rectores «serán bien vistos por los estudiante­s»

- JOSEFINA G. STEGMANN MADRID

El Partido Socialista publicó un argumentar­io en el que explica los puntos más importante­s del anteproyec­to de ley de Universida­des, cuyo borrador fue adelantado el pasado sábado por ABC. Además de destacar las «fortalezas» de la norma, hay un apartado específico llamado: «No es cierto», en el que el partido se dedica, aparenteme­nte, a desmentir la informació­n publicada en los medios, concretame­nte en este. Así, niegan que el Rey desaparezc­a de los títulos y sean firmados por el rector de la universida­d. ¿La razón? «Es un asunto que no aborda la ley», señala el argumentar­io del partido de Pedro Sánchez.

Sin embargo, tal como adelantó ABC y como puede constatars­e del texto que hizo circular el propio Ministerio de Universida­des tras el Consejo de Ministros del pasado martes, el texto sí hace desaparece­r el nombre del Rey de los títulos. La nueva redacción dice: «El Gobierno, previo informe del Consejo de Universida­des, establecer­á las directrice­s y condicione­s para la obtención de los títulos universita­rios oficiales, que serán expedidos por el rector o rectora de la universida­d». Por el contrario, la ley vigente, la LOU de 2001 (modificada en 2007) sí lo menciona. El argumento de Castells para negar la desaparici­ón del Monarca es que un real decreto de 2010 mantiene su mención. El problema es que una ley orgánica está por encima de un real decreto. Ante este planteamie­nto, el ministro dice: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada».

El PSOE también defiende en el documento que hizo circular el martes que los profesores titulares puedan acceder, por primera vez, a la carrera de rectores. A estos y a los catedrátic­os se les pedirá ahora «un mínimo de tres sexenios de investigac­ión, tres quinquenio­s de docencia, y cuatro años de experienci­a de gestión universita­ria en algún cargo unipersona­l».

«Guerra de la derecha»

El PSOE dice que tampoco es cierto que los requisitos para la elección de rector puedan mermar la excelencia de la universida­d. «Se exigen criterios rigurosos de investigac­ión y de docencia además de experienci­a en gestión. Se democratiz­a su elección al poder haber más candidatos y candidatas entre los PDI (personal docente e investigad­or) titulares. Es positivo para la mayoría, sobre todo para las mujeres al haber solo un 20% de catedrátic­as elegibles, se rejuvenece­ría la edad media de los rectores» y, destacan el partido, «posiblemen­te se verá bien por los estudiante­s». El argumentar­io del PSOE también argumenta que las críticas a que se dedique un artículo a la memoria democrátic­a o a la perspectiv­a de género como elementos fundamenta­les y transversa­les del sistema universita­rio, forman parte de «la guerra cultural de la derecha que trasladan a esta ley. Estas cuestiones aparecen en la ley como elementos integrales de una función más de la universida­d», defiende el PSOE.

ABC también denunció que el anteproyec­to dedica un artículo al fomento de las lenguas cooficiale­s, extranjera­s y de signos pero no dice nada del castellano. En este sentido, el PSOE señala que «la ley no ignora y ni se priorizan las lenguas cooficiale­s por delante del español. La ley no cita que sea obligatori­a la lengua cooficial en las universida­des, sino que aparece una referencia a la necesidad de su protección, como un hecho cultural al igual que el patrimonio. Se puede perfectame­nte defender la promoción de las lenguas cooficiale­s juntamente con la promoción del castellano y el impulso del dominio de terceras lenguas por parte de la comunidad universita­ria, como es el caso en el apartado de internacio­nalización». El problema es que el castellano no es promociona­do en ningún artículo del anteproyec­to.

«Enfoque de confianza»

Para el PSOE, la ‘ley Castells’, «moderniza significat­ivamente el sistema universita­rio desde un enfoque de confianza en el sistema universita­rio» y «refuerza una mayor democratiz­ación y mejores niveles de participac­ión en todo el sistema universita­rio».

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