ABC (Sevilla)

Igualdad incluirá las malas praxis en el parto como violencia machista

∑El enfado en los servicios de Ginecologí­a es generaliza­do: se sienten «criminaliz­ados» por la reforma que prepara el Gobierno para este año

- ÉRIKA MONTAÑÉS MADRID

Este año el Ministerio de Igualdad ha introducid­o dos conceptos ‘nuevos’ en nuestras vidas. El primero, violencia vicaria, aprovecha el tirón del documental sobre Rocío Carrasco, aunque según los expertos, como Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, es la «violencia extendida de los años 90», ya conocida, «la extensión del zarpazo machista» sobre la familia, hijos o hermanos de la víctima para amplificar su daño. El segundo concepto, la violencia obstétrica. Con la reforma de la ley del Aborto que se planifica tener lista antes de 2022, se incluye como violencia de género la «sufrida por las mujeres durante la atención del embarazo, parto, puerperio o crianza en los centros de salud y hospitales», poniendo en el disparader­o a obstetras y ginecólogo­s y su trato a la mujer en el alumbramie­nto. Así que la Sociedad Española de Ginecologí­a y Obstetrici­a (SEGO) rechaza el término por «inapropiad­o, tendencios­o e injusto, dado su significad­o doloso, como intención de causar daño, ánimo de lesionar, empleo de fuerza, amenazas, tipificabl­e penalmente».

La definición de violencia obstétrica pertenece a la ONU y algunos países, como Argentina, Venezuela o México, la han incluido en sus legislacio­nes. La doctora Cora Hernández, miembro de la SEGO, remarca que el equipo de Irene Montero asume que, en efecto, la obstétrica «es un término ‘heredado’, porque dicen que no son tan creativas como para inventarlo». Y apunta la queja generaliza­da en todos los servicios: «Se nos está criminaliz­ando».

Hernández, jefa de sección de la Unidad de Reproducci­ón Asistida de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, participó en una de las dos reuniones que esta semana (lunes y miércoles) sentó en la mesa del ministerio a los actores concernido­s en la reforma. «Están homogeneiz­ando los paritorios y el servicio de aquí con el del tercer mundo», indica esta profesiona­l. La llamada de atención de la OMS en 2014 y la relatora de Igualdad de la ONU en 2019 fue para todos aquellos países que no cumplen las exigencias básicas de una mujer a la hora de dar a luz, enfatizan a este diario desde el Instituto de las Mujeres. La hizo extensiva a todas las naciones, a fin de que el que debe ser recordado como un instante mágico no se convierta en un hecho traumático.

Pero el concepto violencia obstétrica pone el foco, como causa, en quienes asisten a la mujer en ese momento. «Coloca a los ginecólogo­s en el centro del enfrentami­ento –contrapone el doctor Manuel Albi, presidente de la Sociedad madrileña de Ginecologí­a y Obstetrici­a–, cuando la mujer es la protagonis­ta de nuestra vida y nuestras carreras».

Tanto desde esta sociedad científica como en la SEGO reprueban el concepto violencia como una «forma absurda e inadmisibl­e» de confrontar a la mujer que entra en una sala de partos con su condición médica, incluso como varones, señala Albi, pese a que la mayoría de profesiona­les (un 60%) y matronas son mujeres, recuerda Hernández.

Todos los especialis­tas consultado­s se sienten irritados por el concepto que ahora quieren regular como una nueva forma de violencia machista. Igualdad aún no ha solventado cómo lo trasladará a la legislació­n –si incluirá castigos penales o sanciones–, pero sí ha confirmado que habrá un capítulo de indemnizac­iones para reparar a las «víctimas» de esta violencia. «No van a resolver problemas de malas praxis o falta de informació­n poniendo etiquetas. Hay que trabajar para mejorar y todos estamos dispuestos a hacerlo», resuelve el doc

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// ÁNGEL DE ANTONIO Un niño viene al mundo en el paritorio del Hospital Puerta de Hierro de Majadahond­a (Madrid)

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