El reto de reducir el desperdicio alimentario mundial

Sevilla se ha quedado, un año más, sin sembrar el 50% de su superficie arrocera. En los últimos 39 años, desde 1982 a 2021, ha resultado fallida once veces una actividad agrícola de primer orden como es la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir, sin que se haya hecho absolutamente nada para remediar esta insostenible situación.

Situación que está llevando a la desesperación a un sector pujante y pionero, para lograr una agricultura verdaderamente sostenible e integradora con el medio que la rodea como es el entorno de Doñana.

El primer aviso de anomalías hídricas llegó en 1982, con una mala cosecha por falta de las dotaciones de agua de riego necesarias para el cultivo. Un año después, en 1983, el sector arrocero de Sevilla, último cultivo en sembrar de la cuenca del Guadalquivir, decidiría en aras de no perjudicar a los demás cultivos ya establecidos, como el algodón, remolacha, maíz, cereales y los frutales de toda la cuenca, no sembrar superficie alguna para no malograr el resto de los cultivos descritos, pasando un año totalmente en blanco y sin ayuda o compensación alguna.

Tras cinco años de normalidad hidrológica, volvería a repetirse otra restricción en 1989, cuando el sector sacrificaría el 25% de su superficie, conformándose con sembrar el 75% de sus 36.000 hectáreas. Solo dos años más tarde, el famoso 1992, año de la celebración de la Exposición Universal en Sevilla, se reduciría la superficie de siembra y esta vez en un 50%, repitiéndose la restricción en 1993, cuando la siembra alcanzó sólo el 30%. Los ejercicios 1994 y 1995 se pasarían totalmente en blanco, viniendo unos años de generosas lluvias, que desde 1996 a 2005 permitirían una actividad normal durante once años. Pero el sector vuelve a empezar con una reducción de superficie del 25% en 2006, del 50% en 2007, del 50% en 2008 y nuevamente del 50% para el presente año 2021.

Realmente una situación de fallida actividad económica, insostenible para cualquier colectivo que se precie como pujante e innovador, como es el sector arrocero. Una actividad que genera el 45% de la producción nacional, que alcanza las 330.000 toneladas al año, de las que se beneficia toda la Unión Europea, y que se divide en unas 240.000 toneladas de grano largo y de unas 90.000 toneladas de grano redondo para el consumo nacional.

Así lo reconoce el reciente «Estudio de impacto económico y social del cultivo del arroz en las Marismas del Guadalquivir como dinamizador de la economía andaluza», elaborado por la Universidad de Sevilla (2021), donde se destaca, entre otros aspectos que «el sector alcanza los 682 millones de euros en ventas, y una contribución impositiva de 38 millones de euros». Con estas cifras, me pregunto si el sector no ofrece las suficientes garantías de éxito para que, de una vez por todas, se inicien las obras de modernización del riego en las Marismas arroceras, que garantice la continuidad de su actividad a lo largo de los años.

La Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimaba que en 2019 se desperdiciaban a nivel mundial el 14% de los alimentos. A nivel europeo la Comisión fijaba este valor en un 20%, y en España solo en los hogares se tiraron a la basura una media de 31 kilos por persona y año.

De acuerdo con un estudio sobre desperdicio alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2019, en Andalucía, solo el 3,5% de los hogares consideraban que el desperdicio alimentario supone un reto global medioambiental, muy por debajo del 5,7% de media nacional.

Pero, además de para los diferentes agentes de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor, combatir el desperdicio moral se debe convertir en un imperativo moral para los poderes públicos.

En este contexto, cada vez se están poniendo en marcha más iniciativas legales a nivel europeo, nacional y también regional, lo que sitúa al sector alimentario en el centro de un importante cambio. Para eso es necesario el desarrollo de alianzas de cadena que potencien esta estrategia, algunas de las cuales ya existen.

Este es el caso de organizaciones como el Foro Interalimentario que, precisamente por tener al consumidor en el centro de su estrategia y estar compuesto por agentes representativos de toda la cadena alimentaria, juega y debe jugar un importante papel.

Con el objetivo de reducir este valor a la mitad antes de 2030, el MAPA está elaborando un anteproyecto de ley sobre desperdicio alimentario, que se prevé sea presentado en Consejo de Ministros antes de final de año. En este sentido es necesario facilitar las donaciones, algo que ya existe y que se gestiona a través de los bancos de alimentos, entre otros canales, pero que debe ser mejorado y diversificado.