«Las sentencias sobre el castellano en Cataluña son políticas, simples parches»
Uno de los padres tras los últimos cinco autos que garantizan el 25% de español para sus hijos en este próximo curso habla con ABC
Lleva casi ocho años «picando piedra» –afirma– para conseguir más castellano en la educación de sus hijos. A.R.M. (prefiere que su nombre aparezca con iniciales), uno de los padres que están tras las cinco últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dictan, al menos, un 25 por ciento de las clases en castellano en las aulas en las que estudian sus hijos, ha librado su batalla en Gerona. Este es precisamente uno de los territorios de Cataluña en los que la inmersión lingüística está más blindada, y eso ha curtido a este hombre. Reconoce que lo suyo ha sido una «guerra de desgaste» en la que la Justicia le ha dado «balones de oxígeno». Pero la pequeña victoria que supone el fallo del TSJC sigue sabiéndole a poco.
«La Justicia debe decidir si tenemos derecho a la enseñanza en castellano para nuestros hijos, no dedicarse a fijar porcentajes. El ‘centro de gravedad’ del sistema no es el catalán, como dicen los jueces, sino los derechos de los niños», señala el padre en una entrevista concedida a ABC.
Estas últimas sentencias, de abril y julio de 2021, conceden a sus dos hijos de 3 y 8 años, que cursan P4 (segundo curso de Educacion Infantil y tercero de Educación Primaria en una escuela concertada del Bajo Ampurdán (Gerona), al menos un 25 por ciento de clases en castellano y el derecho a que todas las comunicaciones que le remita el centro sean en su lengua.
Segundo espaldarazo
Es el segundo espaldarazo que recibe de los tribunales tras años de incesante lucha para lograr educación en español para sus hijos. El primer fallo, con fecha del 6 de noviembre de 2017 (sentencia nº 224/17 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gerona), que responde a un recurso interpuesto por el padre el 29 de julio de 2016, le reconoció el derecho a que «en la educación de su hijo el castellano se utilice también como lengua vehicular». Para ello, el auto obligaba a la parte demandada «a adoptar las medidas necesarias para adaptar el sistema de enseñanza que afecta al menor a la situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y que considera al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán». Admitía también el derecho del recurrente a «que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que le sean dirigidas por el centro se efectúen en castellano». Las dos medidas se «cumplieron a medias», según denuncia el recurrente a este periódico.
La escuela se limitó, explica, a impartir en castellano (al margen de la asignatura de Lengua Castellana) dos materias más al alumno en esta lengua, que fueron Educación Física y Plástica. «Fue un cumplimiento de mínimos. Son dos asignaturas sin libro y apenas contenido», reprueba el padre.
Cumplimiento «de mínimos»
Asimismo, y pese a lo apuntando en el auto, según A.R.M., algunas comunicaciones del centro siguen llegándole en catalán y «todas las informaciones que proceden de la asociación de padres están redactadas íntegramente en la lengua autonómica. No hay ni una sola en castellano». La Generalitat presentó un recurso de alegaciones frente a la resolución judicial que obligaba a ese «cumplimiento de mínimos», pero el Alto Tribunal catalán lo desestimó (auto 2696/2020) el año pasado. Tras desavenencias con su abogado, este padre que hoy habla decidió volver a la carga por la vía judicial y reclamó de nuevo enseñanza en castellano. Esta vez también para su hijo menor. Lo hizo amparado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e interpuso en octubre de 2020 sendos recursos reclamando escolarización bilingüe. La primera respuesta del TSJC, que alude a su hijo más pequeño, llegó el pasado abril. Tal como avanzó ABC en su edición del pasado 11 de agosto, este pronunciamiento forma parte del paquete de cinco sentencias que el Tribunal Superior de Justicia catalán ha dictado para garantizar al menos un 25% de enseñanza en castellano y que aluden a tres centros educativos catalanes –el del denunciante, otro situado en el Garraf (Barcelona) y, un tercero, del Bajo Llobregat (Barcelona)–.
El auto reconoce el derecho para el pequeño a recibir al menos una cuarta parte de las clases en castellano. Emplaza también a la dirección a que en el plazo de un mes «dé cuenta detallada» al juez de «las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo acordado». El segundo pronunciamiento, que se refiere a su hijo mayor, llegó en julio. Acuerda medidas similares. Insta también a la dirección de la escuela a pronunciarse sobre cómo va aplicar las medidas cautelares en un mes.
Guerra de desgaste
A.R.M. es consciente de que está inmerso en una guerra de desgaste y que le quedan por delante años de resistencia. Según afirma, la escuela en la que están escolarizados sus hijos nunca se ha mostrado receptiva a su demanda.
«Dentro de lo que cabe, en la guardería lo hicieron mejor que en el colegio. Por ejemplo, en la reunión de padres la directora usó el castellano. Quedaba horrendo porque decía tres palabras en catalán y una en español. También conseguí la agenda en español», reconoce el padre. En la escuela, por el contrario, siempre ha encontrado un muro y se han limitado a decirle que «se ha metido en la boca del lobo» y sugerirle que «abandone el centro y la asociación de padres», asegura.
Otra de sus reivindicaciones es que la página web del centro, que contiene una plataforma a través de la cual las familias compran el material de los alumnos y se informan de las actividades, también está íntegramente en catalán. «Se nos obliga a hacer los trámites en catalán y hay padres que no lo entienden y se les excluye», subraya durante la conversación con este diario. Reclama el uso del castellano en las reuniones de padres y los comunicados de las actividades extraescolares.
Desde la AEB, precisan que están a la espera de que los tres centros educativos sobre los que impactan las cinco sentencias precisen de qué forma van a dar cumplimiento al mandato judicial. «Solo el centro del Garraf ha hecho una propuesta y la estamos revisando», dice Ana Losada, presidenta de la AEB.
A.R.M. aguarda expectante para ver cómo piensa la escuela aplicar los dos autos que afectan a sus hijos. Reconoce que no espera demasiado: «Las sentencias son políticas, simples parches», concluye.
‘Centro de gravedad’ del sistema «El catalán no es el ‘centro de gravedad’ del sistema como dicen los jueces, sino los derechos de los niños»