El principal investigado en el reciclaje avala medidas para evitar la corrupción en Estepa
Mañas sigue siendo el interventor del Consorcio y ha tenido que certificar los cambios de esta entidad El primer paso, extinguir la Mancomunidad
El principal investigado en el caso de la planta de reciclaje de Estepa, José Antonio Mañas, continúa manteniendo su puesto con interventor del Consorcio al que presuntamente ha defraudado, ya que por el momento el Ministerio de Hacienda no ha atendido la petición de los responsables políticos que forman parte de esta entidad en la que solicitan su suspensión. Esto está provocando situaciones muy llamativas, ya que Mañas sigue teniendo acceso a toda la información por la que está siendo investigado y, además, los políticos que ahora le denuncian necesitan su firma para poder tomar medidas en este organismo. El último capítulo de esta paradójica situación es el del cambio de los estatutos del Consorcio Estepa Sierra Sur. El presidente de la entidad y alcalde estepeño, el socialista Antonio Muñoz Quirós presentó a finales de julio una propuesta para cambiar la normativa que regula el funcionamiento del Consorcio después del escándalo en el reciclaje. Su idea, que modifica varios artículos con el objetivo, entre otros, de poner dique a la corrupción, fue apoyada con todos los votos a favor de los alcaldes socialistas y la abstención de los de PP e IU que componen el organismo comarcal. Pero para poder oficializar los cambios hizo falta la certificación del interventor, que es quien ha provocado que se tomen todas estas medidas. Es decir, el principal investigado por el fraude del reciclaje tuvo que avalar los cambios estatutarios en el Consorcio encaminados a combatir la corrupción.
El juez de instrucción número 2 de Estepa, Francisco José Velasco, solicitó al Consorcio la documentación que acredita que Mañas tuvo que certificar esta actuación de la directiva del organismo público a través de una providencia fechada el pasado 30 de junio. Los papeles están ya incluidos en el sumario y el magistrado continúa con su investigación, que está bifurcada en dos piezas, una para el desvío de fondos desde la entidad pública y otra para el blanqueo de capitales.
Lo cierto es que esta llamativa incompatibilidad de José Antonio Mañas como interventor del Consorcio mientras está siendo investigado por defraudarlo viene siendo denunciada por varios alcaldes desde hace meses. La Policía ya alertó en un atestado de que «José Antonio Mañas continúa en el ejercicio de su cargo de secretariointerventor en dos entidades públicas afectadas por los delitos investigados con el subsiguiente riesgo de reiteración delictiva y de manipulación y/o destrucción de pruebas». En este oficio enviado por la Udef al juez se especifica también que Mañas compagina su cargo en el Consorcio y la Mancomunidad desde febrero de 2017 y que «durante ese periodo ambos organismos públicos han ordenado pagos a favor de Magno Ambiental del Levante, sociedad participada por el
La principal medida que se va a llevar a cabo en el Consorcio Estepa Sierra Sur es absorber la Mancomunidad a la que pertenecen los municipios que componen la entidad, de la que también es interventor José Antonio Mañas. Lo que se propone es extinguir el puesto que ocupa actualmente el principal investigado en esta Mancomunidad de manera definitiva. Es decir, como el Gobierno no permite su expulsión, lo que quieren los miembros del Consorcio es eliminar la plaza. De esta forma Mañas sólo podrá seguir siendo interventor del organismo que queda vivo, lo que supondrá una merma notable en sus retribuciones. Lo más llamativo es que él mismo ha tenido que certificar esta medida y escuchar las críticas que le dedican los alcaldes.
Las actas de modificación de los estatutos del Consorcio han sido solicitadas por el juez y ya están en el sumario