El acoso sexual a menores en la red se dispara un 55% pese a la infradenuncia
El 46 por ciento de los juicios en juzgados de lo penal que estaban señalados el año pasado se suspendieron por razón de la pandemia, igual que acabaron cancelados el 41% de los que se habían previsto en las Audiencias Provinciales, tasa inédita.
Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2020, un año atípico marcado por el parón de los plazos procesales que si bien era de un trimestre, trajo cola durante todo el ejercicio, pues esas vistas aplazadas se encontraron con «serias dificultades para su celebración» posterior «pese a la potenciación de los medios telemáticos».
En su informe, la Fiscalía General del Estado alerta sobre el «efecto perjudicial que ocasionan las suspensiones al incidir directamente en la organización de las fiscalías y de los órganos judiciales, junto a la insatisfacción y molestias a la ciudadanía». «Se traduce en un efecto negativo en los tiempos de respuesta penal frente a los hechos delictivos que conlleva un evidente debilitamiento de la prueba y la apreciación de la circunstancia de dilaciones indebidas, lo que este año se ha visto aumentado en la misma proporción», apunta.
Con todo, las cifras de las distintas fiscalías que arroja 2020 difícilmente sirven como referencia: prácticamente todos los asuntos han experimentado notables descensos, sin que ello pueda interpretarse como una caída real de la criminalidad. Al final, el año pasado se incoaron 1.068.785 procedimientos de diligencias previas, 185.249 urgentes, 297.744 por delitos leves y 2.443 de procedimientos ordinarios. Los fiscales incoaron 12.308 diligencias de investigación que se cerraron de media en 135 días, formularon 242.846 escritos de acusación y asistieron a un total de 332.888 señalamientos.
Niños, inmaduros y así vulnerables, «obligados» a estar «permanentemente» conectados a la red. Padres que no pueden prestar atención a la pantalla del menor preocupados por lo sanitario más que por la pantalla del menor. Adultos ociosos que matan el tiempo en la red y entre ellos, «auténticos depredadores». Es el cóctel que define la memoria de la Fiscalía General del Estado
para alertar del «preocupante» incremento de los delitos de acoso sexual a menores en internet que, pese a estar infradenunciados, subieron el año pasado un 55%. Es de hecho, uno de los pocos asuntos que experimentó un incremento pese al parón judicial en los primeros meses de la pandemia y la subida es del 175% en comparación con 2018. Y eso que, según la
Fiscalía, en este ámbito «existe una cifra oculta de criminalidad», como ocurre con la pornografía infantil. Sobre el papel se mantiene estable, pero «los datos no parecen responder a la evolución real» ya que cada día tras el estado de alarma se incrementaron un 449% las alertas que recibía la Guardia Civil sobre explotación de menores en la red procedentes de un centro internacional de monitorización en Estados Unidos. Esos avisos escalaron un 730% en el confinamiento duro.
En general, los datos arrojan la consolidación de la tendencia al alza que vienen experimentando los ciberdelitos: En 2020 se incoaron 6.914 asuntos, un 28,69% más que en el año anterior y aunque la cuarta parte lo son contra bienes jurídicos personalísimos –la mayoría contra el patrimonio y por estafa–, las amenazas crecieron un 30% y el acoso, un 10%. El 8,5 por ciento de estos delitos online son contra la libertad sexual de niños y adolescentes, un 18,45% más que en 2019, es dentro de este grupo donde se han desbocado los asuntos sobre ‘grooming’.
Al final, «pese a la ralentización de la tramitación procesal por la pandemia», los fiscales presentaron el año pasado 3.207 escritos de acusación por ciberdelitos, un 12,64% más que en 2019, de los que el grupo más amplio lo fueron por estafa (45,62%), seguido de delitos contra la libertad sexual online (15,93%) amenazas y coacciones (12,13%), de pornografía infantil (8,98%) y de revelación de secretos (6,17%).