Anticorrupción insinúa que el juez ha blindado al PP en Kitchen
Recurre el archivo de Cospedal porque «no es creíble»y persisten indicios contra ella
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el fin de la instrucción del caso Kitchen con un duro escrito en el que carga contra el juez Manuel García Castellón y llega a insinuar que está blindando al PP al acordar un cierre «sorpresivo», «extemporáneo» y «no ajustado a derecho» que deja fuera de la causa a María Dolores de Cospedal.
En el escrito, al que tuvo acceso ABC, los fiscales señalan que «se quiere artificialmente delimitar al ámbito del Ministerio del Interior» la trama, cuando el hecho de que se ejecutase por policías «con conocimiento y protección» del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, «no implica que las posibles responsabilidades fuera de este ámbito, en concreto, el presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento». En este sentido, recuerda que «además, no es la primera ocasión en que en el curso de las actuaciones aparecen elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno» y recuerda que de los audios de Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos le identificó preliminarmente con el mote de ‘El Asturiano’, al que habría dicho que reportaba mediante un intermediario. Precisamente, la Fiscalía había pedido al juez que se investigasen los números de teléfono con los que, según declaró Villarejo, informaba directamente a Rajoy del devenir de Kitchen. Uno de ellos fue reconocido como de titularidad del Partido Popular. Querían que un representante jurídico de la formación acudiese a identificar a qué miembro pertenecía, pero la petición, con el fin de la instrucción, fue desestimada.
«Lo que parece es que ese paso no se quiere dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación», dicen los fiscales en relación a la supuesta pata política de la Kitchen. Y se centran en la exoneración de Cospedal. Inciden en que cuando el juez interrogó a Martínez, que fue llamado a la causa antes que ella, el juez «inexplicablemente», no preguntó por las referencias que hacía al conocimiento de Cospedal en las conversaciones de Whatsapp que se le intervinieron, «y no son pocas». Por lo mismo, critica que en el auto por el que la citó finalmente como imputada «destaca la clamorosa preterición de aquellas fuentes documentales que reflejan su participación de una manera directa y material en Kitchen».
Para Anticorrupción, el sobreseimiento en su caso y el de su marido no se compadece con la situación de la investigación. Para empezar, porque entiende que ninguno de los indicios que llevaron a citar a Cospedal se han diluido y «menos» tras sus manifestaciones en sede judicial, que «no resultan creíbles», «resultan abiertamente contradictorias con las vertidas por su propio jefe de gabinete» y «no se compadecen tampoco con el contenido de las anotaciones de la agenda de Villarejo».
«No puede obviarse: la investigada Cospedal se habría reunido con Villarejo a iniciativa de la primera y al objeto de recibir información de los riesgos que para el PP pudieran representar las declaraciones y sobre todo, los documentos comprometedores para el partido que pudiera tener Bárcenas», apunta el escrito.
Pero para los fiscales hay más motivos de recurso. Como que no se ha citado como investigado al exdirector General de la Policía Ignacio Cosidó ni al que era número dos de la UCAO, Mariano Hervás, pese a que al primero le señaló otro imputado y del segundo abundan anotaciones en las agendas. También queda en su opinión por esclarecer si el asalto en casa de los Bárcenas a manos de un hombre armado y disfrazado de cura en 2013 tuvo algo que ver, y para ello hace falta un informe forense de la Audiencia Nacional que aún no ha llegado y averiguar por qué recibía visitas de policías y abogados en prisión y de dónde salía el dinero que cada mes entraba en su cuenta de la cárcel. «No se puede descartar», apuntan.
Por último, inciden en que faltan diligencias para esclarecer si otros colaboradores de la Kitchen cobraron fondos reservados y era necesario oficiar para ello a la Policía Nacional. Asimismo, habían pedido nuevas declaraciones de ya imputados para intentar aclarar qué fue lo que sustrajeron a Bárcenas y dónde pudo acabar.
Sin ello, afirman los fiscales, «la ilícita operación policial o si se llega a acreditar, política, conocida como Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos».