Comunidad Valenciana y Baleares van por libre

La Junta prevé destinar 717 millones para impulsar el sector en seis años

El decreto que regula cómo tienen que repartir las autonomías los 7.000 millones de euros que Madrid les ha transferido para pymes y autónomos establece que sólo podrán pedirse ayudas para atender pagos pendientes, es decir, deudas. Sin embargo, dos comunidades gobernadas por el PSOE, como Comunidad Valenciana (con 647 millones para esas ayudas) e Islas Baleares (855 millones), permitieron incluir gastos fijos ‘pagados’ de empresas en pérdidas, con lo que no es difícil que agoten el presupuesto. Valencia dice que lo hizo tras consultarlo con Madrid y ha abonado sólo 12 de los 647, un 1,8%. Andalucía consultó si eso se podía hacer pero no recibió contestación y no quiso arriesgarse.

Desde la Junta reclaman al Ejecutivo central que «arregle este desaguisado» que ha suscitado las críticas de los sectores afectados, como la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente nacional, Lorenzo Amor, calificaba el paquete de ayudas como un «fracaso».

Marín, el número dos del Gobierno andaluz recriminó al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que no le pida al presidente que «rectifique» las condiciones. «El Gobierno pone condiciones leoninas para que el empresariado y el autónomo renuncie a pedir las ayudas», abundaba en la misma idea el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El denominado «decreto-trampa» está «montado de tal manera que da un buen titular, pero después hace imposible a las comunidades tramitarlo», añadía.

Con todo, el anzuelo estaba echado por Sánchez y los portavoces del PSOE andaluz lo han recogido para desgastar al Ejecutivo autonómico. El diputado socialista Mario Jiménez volvió ayer a la carga para pedir a la consejera Rocío Blanco que asumiera «su responsabilidad política», si la Junta tuviera que devolver parte de los fondos estatales. «Parece que al presidente de la Junta le molestó» que el jefe del Gobierno viniera a Andalucía a que «le sacaran los colores y le dijeran claramente que se pusiera las pilas». El propio Espadas dirigió ayer reproches a la Junta por su «exasperante lentitud» para gastar 475 millones de euros que el Estado le ha transferido para «políticas y planes de empleo».

Un problema común

Lo que nadie puede negar es que la gestión de las ayudas a empresas y autónomos representa un problema para autonomías de todos los colores. En Castilla y León, que recibió 232 millones de euros para estas ayudas, el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP), también pidió el pasado mes de junio al Ejecutivo de Pedro Sánchez que flexibilizara los criterios para llegar a más pymes y autónomos castigados por la crisis. Las condiciones tan restrictivas y la dificultad en la tramitación obligó también a esta comunidad a ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de septiembre. Al día de hoy, ha recibido 11.104 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente 1.389 por un importe de 28,7 millones de euros, el 12% del total del dinero que tienen para esas ayudas.

En Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo (PP), la situación no es muy distinta. Ha tenido que ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre y ha extendido las ayudas a todos los sectores de actividad para que pymes y autónomos puedan solicitar los 234,4 millones que le ha transferido Madrid para esa ayudas. Hasta hoy ha recibido sólo 5.300 solicitudes por 82 millones de euros, con lo que no alcanza ni el 35% del total del dinero del que dispone. Fuentes de la Xunta dicen que el resultado es muy diferente al de los dos planes de rescate que activaron con dinero autonómico y que recibió 40.000 solicitudes. Al igual que Andalucía, Galicia también pidió a Madrid por carta que flexibilizara los requisitos, entre ellos que los beneficiarios tengan que tener facturas pendientes de pago, pero obtuvo el silencio por respuesta.

El programa propone bajar la estacionalidad un 12 por ciento y aumentar un 14 el empleo turístico hasta el año 2027

Bajar la tasa de estacionalidad en el turismo un 12 por ciento, aumentar el empleo un 14 por ciento y elevar en un 18 por ciento el gasto medio diario de los visitantes en Andalucía en los próximos seis años. Son los tres objetivos que recoge el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2027 (META), que diseña la estrategia de la Junta para impulsar una de las principales palancas económicas de la región. El turismo, antes de la pandemia, representaba el 13 por ciento del PIB regional.

El plan prevé destinar 717 millones de euros para su desarrollo entre 2021 y 2027. De este dinero, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local aportará 546,7 millones (280 de fondos propios y 266 de Fondos Europeos) y el resto de consejerías de la Junta incorporarán los 170 millones restantes. Los detalles del plan META, que sustituye al anterior Plan General de Turismo Sostenible 2016/2020, se explicarán el próximo jueves en un acto oficial en Málaga, según avanzó el vicepresidente de la Junta y responsable autonómico de Turismo, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que dio el visto bueno al decreto que lo desarrolla. El plan estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de tres.

Empleo de calidad

La finalidad de este plan es la mejora de la gestión socioeconómica de esta actividad a través del desarrollo de instrumentos, programas y proyectos. Algunos de los objetivos claves de este plan son aumentar la contribución del turismo a la economía andaluza, mejorando los ingresos por turista un 3% como media anual acumulativa (hasta un 18 por ciento al final de 2027), y generar un empleo de calidad e incrementar en un 2,5% la media anual acumulativa de personal ocupado. También propone elevar más allá del 80% la tasa de turistas satisfechos o muy satisfechos con el destino Andalucía, optimizar el proceso de adaptación y transformación tecnológica, especialmente en zonas rurales y de interior, así como reducir la estacionalidad a menos del 2% cada año, y mejorar la distribución territorial de los flujos turísticos e impulsar la sostenibilidad de la industria turística.

El órgano de seguimiento del plan será la Secretaría General para el Turismo, con la participación del Consejo Andaluz de Turismo. El documento cuenta con la participación e intervención de directivos y técnicos del resto de las consejerías. En el trámite de audiencia presentaron observaciones, entre otros colectivos, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, la Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía.