El presidente del Tribunal decide ahora aplazar el debate hasta octubre
El TC quiere evitar un cisma idéntico al de julio y más coacciones del Gobierno
cialmente ante la opinión pública.
También es novedoso el análisis jurídico que hará el ponente sobre el alcance de la cogobernanza decretada por el Gobierno. Así, el TC prevé considerar inconstitucional la delegación indiscriminada a las comunidades de medidas restrictivas de libertades –confinamientos masivos, cierres, o incluso toques de queda–, porque carecen de competencias para ello en nuestro ordenamiento jurídico. Al menos, en los términos coercitivos en los que algunas comunidades los adoptaron.
De hecho, en los últimos meses, ya han sido numerosas las resoluciones de distintos Tribunales Superiores de Justicia –y al menos también una del Tribunal Supremo– muy críticas con la cogobernanza y con la falta de anclaje legal para limitar libertades por mera delegación o autorización del Gobierno. En definitiva, el argumento del ponente del TC se basará en que la delegación indiscriminada a los gobiernos regionales de competencias que afectan a derechos fundamentales supone un desapoderamiento del Estado abiertamente inconstitucional.
Vox no gana en todo
En cambio, el TC prevé desechar uno de los argumentos expuestos por Vox en su segundo recurso contra el estado de alarma. De igual modo que con la alarma de marzo el Tribunal consideró que las restricciones no fueron una mera limitación de libertades, sino una «suspensión» ilegal que solo habría estado jurídicamente justificada bajo un estado de excepción, ahora el TC asume que el segundo estado de alarma no fue tan drástico como el primero. De hecho, instaurada lo que Sánchez denominó la «nueva normalidad», ya no se produjo una prohibición o una suspensión absoluta de movimientos, como sí ocurrió anteriormente, sino un catálogo de restricciones más suavizadas, que sí estarían justificadas conforme a la legalidad. En esto, el TC no da la razón a Vox.
Similar mayoría de votos
Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal, y a falta de que se produzca el debate en el Pleno, el magistrado Narváez cuenta con disponer de la mayoría suficiente de magistrados para sacar adelante su ponencia en las próximas semanas. En el caso de la primera sentencia, la votación –celebrada en julio en una atmósfera tan convulsa y enrarecida que provocó una severa crisis en el Tribunal– fue de seis magistrados contra cinco. La división no impidió que finalmente se ‘tumbara’ la parte esencial del estado de alarma. En aquella votación quedó patente que hace tiempo que en el TC dejó de funcionar la supuesta ‘lógica de bloques’ o de magistrados obedientes a los partidos que los designaron. De hecho, la fractura supera ya la mera división ideológica entre conservadores y progresistas, y la quiebra de confianza interna entre algunos jueces ya parece irreversible.
Aunque inicialmente estaba previsto que el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, incluyese en el primer orden del día del Pleno de septiembre, la semana que viene, la deliberación sobre la ponencia del segundo estado de alarma, no hay visos de que vaya a ser así. Según fuentes del TC, y salvo rectificación de última hora, el debate quedará pospuesto al menos hasta octubre.
El pasado mes de julio, y en plena fractura interna del TC a cuenta de la sentencia que declaró ilegal el primer estado de alarma, varios magistrados plantearon a González Rivas la conveniencia de que la segunda sentencia se votase y dictase en el primer Pleno tras el verano. Tenía su lógica, en la medida en que la ponencia de Antonio Narváez estaba prácticamente concluida, y que carecía de sentido no dar continuidad inmediata a un debate que el TC ha dilatado más de un año después de haber vencido la primera declaración del estado de alarma. Sin embargo, todo apunta a que la deliberación queda de momento aplazada.
Fuentes del TC desconocen los motivos del presidente para retrasar el debate. No obstante, hay en el Tribunal quien interpreta que el objetivo es intentar minimizar el impacto de otra aparatosa derrota jurídica del Gobierno, que fue en julio el motivo de la profunda convulsión interna que se produjo en el TC.
ABC reveló que durante la deliberación de la ponencia que redactó el magistrado Pedro González Trevijano, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presionó a algunos magistrados para que el sentido de su voto fuese favorable al Gobierno. Después de la votación, que supuso un castigo para Pedro Sánchez por seis votos a cinco, los anuncios de votos particulares de algunos magistrados que habían quedado en minoría, es decir, favorables a las tesis de Sánchez y a la constitucionalidad del estado de alarma, desencadenaron una auténtica batalla campal en el tribunal. Las despectivas palabras que en el primer borrador de su voto particular dirigió el magistrado Cándido Conde-Pumpido hacia otros compañeros de tribunal provocaron una rebelión interna que a duras penas pudo reconducir González Rivas por el enorme malestar generado en la institución.
Conde-Pumpido fue forzado a disculparse públicamente y a rectificar porque esa fue la condición impuesta por el resto del Pleno para evitar un cisma aún mayor en el TC. Sin embargo, la reacción airada del Gobierno contra la sentencia que desautorizaba a Sánchez volvió a alterar el panorama y a intoxicar el ambiente. El intento de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, de deslegitimar al Tribunal Constitucional por su sentencia del mes de julio, restando credibilidad a la mayoría del TC e insinuando que actuaron atendiendo a motivos políticos, y no a criterios jurídicos, sentó extraordinariamente mal en el Tribunal. Ahora, y con el verano de por medio para tratar de calmar ánimos, los magistrados del TC confían en que el debate de la segunda sentencia sea, como mínimo, más pacífico.
Además, el ponente, Antonio Narváez, se ha esforzado en que ningún otro miembro del Tribunal, y menos aún el presidente, pueda achacarle tardanza en la presentación de su proyecto de sentencia, dada la creciente sensibilidad social que hay respecto al retraso con el que se dictan muchos pronunciamientos judiciales. Narváez, como en su día González Trevijano, no desea que cualquier retraso que pueda producirse para empezar la deliberación pueda ser achacado a él.
El ponente cree disponer de la mayoría de votos suficientes para declarar inconstitucional el segundo estado de alarma