El Gobierno prepara una ley para evitar el ‘racismo’ canino
La norma que prepara el equipo de Sánchez pretende que por su comportamiento, no creando
Perros potencialmente peligrosos. Estas son las tres siglas que a todos nos vienen a la cabeza cuando ocurre un luctuoso suceso como el de Lucena, donde Dylan, un niño de cinco años, perdió la vida tras ser atacado por un pastor belga Malinois mientras dormía.
¿Pero qué es un perro peligroso y quién lo determina? Pues, aunque parezca surrealista, depende de la comunidad autónoma donde se resida. En Galicia, por ejemplo, hay 15 razas con esta calificación y en Andalucía, nueve; a nivel estatal siete. Así, usted podrá pasear tranquilamente en Sevilla con un perro de presa canario o mallorquín, mientras en Santiago este animal deberá estar registrado y cumpliemdo la normativa; ésta pasa en nuestra comunidad por tener una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia de quien la solicite.
El Gobierno central esperaba presentar el pasado mes de mayo un anteproyecto de ley para modificar la Ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos para fijarse en el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta «la raza concreta con la que ha nacido» y evitar así «prejuicios injustos». La norma establecerá un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar. Además, el anteproyecto de ley prevé que los perros que necesiten algún «manejo particular» se deben educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.
Así lo manifestó el director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García Torres, durante la I Jornada Política organizada por la Real Sociedad Canina Española, en la que también explicó los cambios normativos que conllevará la nueva ley de Bienestar animal. Torres detalló que la ley se centrará en homogeneizar las 17 normativas autonómicas para establecer un marco general común, al tiempo que incluirá un Sistema de Registros de Protección Animal (SRPA), del que formarán parte diferentes sistemas de identificación. Entre ellos, se creará un registro de centros de bienestar animal, por el que se garantizará la profesionalidad del sector; el de la recogida de animales abandonados o las entidades de protección animal.
Igualmente, se implantará un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina en colaboración con los Ministerios de Trabajo y de Educación, de modo que se establecerá un marco de formación para que los profesionales puedan incorporarse de forma regulada al mismo y para que los clientes puedan acceder a profesionales con «garantía».
Cambiar la normativa
El presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Ignacio Oroquieta, señala a este periódico que «toda la normativa hay que cambiarla y adaptarla a criterios científicos. No se puede basar la legislación en determinadas razas, sino en las características individuales de cada animal y deben ser profesionales veterinarios quienes valoren la potencial peligrosidad».
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ya se hizo eco de los luctuosos sucesos que ocurrieron el 10 de agosto en Rota, Cádiz; tres días más tarde en Arucas, Gran Canaria y ahora el de Córdoba. Según los veterinarios, en muchos animales pertenecientes a las razas legalmente consideradas como peligrosas hay sin embargo ejemplares muy equilibrados. Por el contrario, se dan perros de razas no catalogadas legalmente como PPP que llegan a mostrar gran agresividad, lo que, unido a un determinado poderío físico, puede acarrear sucesos lamentables.
Por este motivo, la organización colegial veterinaria de Andalucía, viene defendiendo la necesidad de «que la potencial peligrosidad de un animal de especie canina, sea apreciada de forma individualizada, y no a través de un criterio genérico basado en la pertenencia a determinadas razas».
Por ello, consideran que la normativa aplicable debe establecer «la obligación general de que todos los ejemplares susceptibles de alcanzar un determinado peso en estado adulto, tendrán que ser evaluados mediante un análisis etológico [comportamiento] individualizado y científico que estime su grado de agresividad». Además, debe ser firmado por un profesional veterinario especializado.