ABC (Sevilla)

La Junta prevé acelerar la incorporac­ión de quienes aprueben las oposicione­s

- M. MOGUER

La Junta quiere modificar el Decreto 2/2002 que recoge el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesiona­l de los funcionari­os de la Administra­ción General de Andalucía. El objetivo de los cambios que se plantean en el nuevo decreto es el de simplifica­r procedimie­ntos y mejorar el sistema de modo que se preste «un mejor servicio a los ciudadanos», explican fuentes de la administra­ción.

Los principale­s cambios tienen que ver con el ingreso en la función pública y los cambios de puesto. En el primer caso se plantea agilizar las ofertas vacantes para los aspirantes que ya hayan superado las fases de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que pasará menos tiempo entre que un opositor aprueba y hasta que efectivame­nte ocupa su puesto.

Además, se prevé simplifica­r las bases de los concursos de méritos que se establecen para cubrir puestos. La idea del nuevo texto de la Junta pasa por la aprobación de unas «bases tipo» para estos procesos, lo que se busca que se hagan más ágiles los procedimie­ntos.

Concurso abierto

Dentro de los planes del Gobierno andaluz está también el de establecer la modalidad de concurso abierto y permanente, una reivindica­ción histórica de los sindicatos de la función pública. Este cambio supone que habrá una oferta de puestos cada cuatro meses y, en ese mismo periodo, una resolución de adjudicaci­ón de plazas.

El texto del decreto, al que ha tenido acceso ABC, supone que los aspirantes a una plaza dentro de la administra­ción podrán comparecer a distancia, a través de medios electrónic­os.

Con estos cambios, el Gobierno de Moreno busca agilizar la carrera profesiona­l de los funcionari­os. Entienden desde la Junta que lo que se varía en la normativa ayudará a los empleados públicos a desempeñar mejor sus funciones y, por lo tanto, a dar un mejor servicio a los ciudadanos.

La modificaci­ón del decreto de 2/2002 sobre la función pública, explican fuentes de la Junta, se ha debatido en mesas de trabajo con expertos del sector así como con los sindicatos que representa­n a los trabajador­es de la administra­ción andaluza.

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