Laya protege a Sánchez y oculta al juez quién decidió la entrada clandestina de Gali en España
Se atrinchera en la ley de secretos oficiales, asesorada por la Abogacía del Estado
La exministra Arancha González Laya, imputada por la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, se negó ayer a decirle al juez quién fue el responsable último de esta operación, y quiénes participaron en su ejecución en el seno del Gobierno. El magistrado Rafael Lasala le preguntó con insistencia, pero ella se atrincheró en la ley de secretos oficiales para no responder. Laya está imputada por haber activado esa operación desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo hizo a través de su jefe de gabinete, Camilo Villarino, a quien encargó que coordinara el operativo con el Estado Mayor del Ejército del Aire. Gali llegó desde Argelia y entró por la Base Aérea de Zaragoza, el 18 de abril, sin ser sometido a los controles de pasaportes y fronteras, para que no quedara registrada su incursión en España.
La exministra se enrocó ayer en que esa operación clandestina fue un «acto político» que queda al margen del orden administrativo. Y considera que el Gobierno está legitimado para actuar de esta forma. Además, González Laya dijo no saber nada de la documentación falsa con la que Gali fue registrado en el hospital de Logroño, donde le curaron del Covid. Y afirmó que tampoco sabía que el líder del Frente Polisario, cuando fue introducido furtivamente en España, estaba incurso en causas penales investigadas por la Audiencia Nacional.
El juez zaragozano Rafael Lasala investiga esa entrada furtiva de Gali al haber apreciado en ella indicios de delito. En concreto, por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. De momento están imputados Laya y Villarino, pero la investigación se extiende ya al Ministerio del Interior, alcanza al de Defensa y acecha a la exvicepresidenta Carmen Calvo, porque consta que, un par de días antes de la llegada del líder del Polisario, desde su gabinete se interesaron por la operación que se estaba urdiendo.
Tenso cara a cara con el juez
González Laya acudió ayer a los juzgados de Zaragoza para declarar por un caso que ha puesto en el punto de mira al presidente Sánchez. El testimonio de la exministra era clave: si desvelaba cómo se había decidido la operación, quién fue su último responsable y quiénes la ejecutaron desde el Gobierno, la investigación habría dado un salto sustancial y habría emprendido ruta hacia el Tribunal Supremo, al haber podido implicar a miembros en activo del